Oriente Medio: el plan de Trump para una paz de cementerio

Tras la firma el lunes 13 de octubre, en Sharm el-Sheij (Egipto), de un acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás, bajo el patrocinio estadounidense, entró en vigor un alto el fuego.

Trump presentó el acuerdo como el comienzo de una «paz eterna» en Oriente Medio, «por primera vez en 3000 años». Pero, en la etapa actual, solo se trata de una tregua y no hay garantía de que sea menos frágil que las dos anteriores. La primera, a finales de noviembre de 2023, duró una semana y permitió el intercambio de 81 rehenes israelíes por 240 prisioneros palestinos. La segunda, del 19 de enero al 2 de marzo de 2025, permitió la liberación de 30 rehenes israelíes y debía constituir la primera fase de un proceso de negociación. Pero el Gobierno israelí puso fin brutalmente a la tregua, reanudando los bombardeos, relanzando una ofensiva terrestre a gran escala y procediendo durante varias semanas a un bloqueo total del enclave de Gaza con el fin de provocar hambruna en su población.

Lejos de garantizar una paz eterna, nada garantiza que la tregua actual no desemboque, como las dos anteriores, en una reanudación de la guerra.

¿Hacia el establecimiento de un protectorado estadounidense?

Para conseguir este acuerdo, Trump presionó a Netanyahu, obligándole a aceptar en la Casa Blanca, ante las cámaras de televisión del mundo entero, lo que había rechazado el día anterior en la tribuna de la ONU. Para asegurarse de que no se produjera ningún cambio de opinión, Trump envió a su secretario de Estado y a su yerno a participar en la reunión del Gobierno israelí convocada para debatir la firma del texto negociado en Egipto. Prueba, si fuera necesaria, de que Netanyahu necesitaba el respaldo de su protector estadounidense para llevar a cabo la masacre de los habitantes de Gaza durante dos años.

En el fondo, el plan de Trump es una continuación de los que se han negociado durante los últimos dos años. Así, Antony Blinken, exjefe de la diplomacia estadounidense bajo Joe Biden, declaró el 2 de octubre: «Se trata básicamente del plan que elaboramos durante muchos meses y que dejamos más o menos en un cajón para la nueva administración».

El plan actual prevé que el territorio de Gaza sea administrado por un comité palestino apolítico, que aún debe definirse y constituirse, supervisado por un consejo de paz presidido por el propio Trump y en el que podría participar el ex primer ministro británico Tony Blair. Se invitarían a los Estados árabes, en particular a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, a participar en la administración de Gaza y, en particular, en la financiación de su reconstrucción.

El control del enclave palestino estaría a cargo de una fuerza internacional, sin que se sepa quién la integraría y sin que se haya definido ningún calendario. Se ha anunciado el envío de 200 soldados estadounidenses a la región, pero Trump ha asegurado que ninguno de ellos pondrá un pie en Gaza. A la espera del despliegue de esta fuerza, aún en el limbo, el ejército israelí seguiría ocupando más de la mitad del enclave palestino. Este plan equivale, de hecho, a establecer un protectorado dirigido por Estados Unidos, coadministrado por Israel y los Estados árabes, y en el que los palestinos no tendrían voz ni voto.

Un conflicto creado por las grandes potencias coloniales

Todo parece indicar que los dirigentes del mundo imperialista no encuentran otra solución que volver, con ligeras variaciones, a la política colonial que se llevó a cabo tras la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Francia se repartieron el control de los Estados surgidos tras el desmembramiento del Imperio otomano. Pero para dar una apariencia presentable a su política de saqueo, se hicieron otorgar mandatos sobre estos nuevos Estados por la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, con la misión de conducirlos a la independencia cuando se dieran las condiciones adecuadas. Hasta entonces, estos mandatos les daban derecho a establecer su administración y desplegar tropas en ellos. Para afianzar su dominio, las potencias mandatarias avivaron los enfrentamientos entre las poblaciones, cuando no los crearon ellos mismos. En Palestina, como continuación de la política emprendida durante la guerra mundial, las autoridades británicas favorecieron el fortalecimiento de las organizaciones sionistas, que reivindicaban la creación de un Estado judío. Bajo el lema «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», el movimiento sionista se presentaba abiertamente como portador de un proyecto colonial cuyo objetivo era expulsar a las poblaciones locales, lo que no podía sino suscitar su oposición. Ese era precisamente el cálculo de la administración británica, que podía erigirse en árbitro de un conflicto que ella misma había contribuido a provocar y justificar así el mantenimiento de su tutela sobre las poblaciones judía y árabe.

Debilitado por la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se vio obligado a evacuar su administración y sus tropas. Pero su política de «divide y vencerás» dio lugar, en esta región del mundo como en muchas otras partes de su imperio colonial, a un conflicto que sigue teniendo efectos devastadores.

El Estado israelí, guardián del orden imperialista

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, nueva potencia dominante en la región, continuó a su vez con la política de fomentar divisiones entre los pueblos. En particular, decidió apoyar al Estado de Israel frente a los Estados árabes, algunos de cuyos dirigentes, que buscaban liberarse de la tutela de las grandes potencias occidentales, se volvieron entonces hacia la Unión Soviética. Esta política también permitía a los dirigentes árabes encontrar apoyo en una población en la que, en aquella época, las ideas antiimperialistas tenían un gran eco. Tras llegar al poder en Egipto en 1952 tras un golpe de Estado, Nasser se convirtió durante varios años en la principal figura de este nacionalismo árabe que pretendía poner fin al dominio heredado de la época colonial. Al atacar Egipto en junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel se convirtió en el brazo armado del imperialismo. El conflicto árabe-israelí servía, por tanto, a los intereses de Estados Unidos, que no tenía ningún motivo para intentar ponerle fin. Con Israel, contaba con un aliado aún más fiable, ya que este, frente a sus vecinos, tenía una necesidad vital de la protección estadounidense, de su ayuda militar y financiera.

Sin embargo, para que prevalezcan sus intereses, Estados Unidos también necesita contar con el apoyo de otros Estados, capaces de desempeñar igualmente el papel de guardianes de la región. Este fue el caso durante mucho tiempo del Irán del Sha. Las monarquías petroleras, en particular Arabia Saudí, figuran desde su nacimiento entre sus fieles aliados. Tras la muerte de Nasser en 1970, su sucesor, Anwar el-Sadat, devolvió a Egipto a la órbita de Estados Unidos. Hoy en día, este país es el segundo beneficiario de la ayuda estadounidense, después de Israel. Para contar con aliados en el mundo árabe, Estados Unidos debe preservar una imagen de árbitro que busca encontrar una solución al conflicto israelo-palestino, capaz de reprender un poco a los gobiernos israelíes cuando van demasiado lejos, pero sin llegar nunca a obligarlos a modificar fundamentalmente su política hacia los palestinos.

La solución de dos Estados

Desde hace cincuenta años, cada inquilino de la Casa Blanca ha afirmado tener su propio plan de paz para Oriente Medio y se ha declarado en algún momento a favor de una «solución de dos Estados», prometiendo así la creación de un Estado palestino, previsto por cierto en el plan de la ONU de 1947. Los acuerdos de Oslo de 1993, firmados en Washington entre el primer ministro israelí Rabin y el líder de la OLP Arafat, en presencia del presidente estadounidense Clinton, fueron los que más avanzaron en este sentido. Se creó una administración palestina, la Autoridad Palestina, con derecho a gestionar el territorio de Gaza y parte de Cisjordania. Pero en ningún momento los dirigentes israelíes se plantearon realmente llegar a reconocer un Estado palestino de pleno derecho. En su opinión, la Autoridad Palestina debía limitarse a desempeñar el papel de auxiliar de la policía, capaz de hacer aceptar a su población la perpetuación de la ocupación israelí.

En ningún momento Estados Unidos ha considerado obligar al Estado israelí a reconocer un Estado palestino, en ningún momento ha hecho nada para impedir el desarrollo de la colonización en Cisjordania, que constituye una anexión progresiva de ese territorio.

A su manera, más caprichosa que la de sus predecesores, Trump finalmente adoptó la misma actitud. Tras hacer suyo el programa de la extrema derecha israelí al proponer la creación de una Riviera en Gaza y la deportación de sus habitantes, hoy se declara contrario a la anexión de los territorios palestinos e incluso ha mencionado a su vez la creación de un Estado palestino, aunque de forma muy tímida y como una perspectiva muy lejana.

¿Qué futuro para Gaza?

A corto plazo, si la guerra no se reanuda, está previsto que se establezca una nueva administración palestina, excluyendo oficialmente a Hamás. La integración de representantes de la Autoridad Palestina le aportaría respaldo político. La presencia de su presidente, Mahmud Abás, en la firma del acuerdo en Egipto, demuestra que está dispuesto a prestar su apoyo a esta operación. Los Estados árabes, llamados a supervisar y financiar esta administración, volverían así a ocupar un lugar destacado frente a un Estado israelí incitado por su protector estadounidense a moderar sus ambiciones regionales.

Trump podría así intentar relanzar el «proceso de normalización» iniciado por los acuerdos de Abraham, firmados durante su primer mandato, en septiembre de 2020, entre Israel, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Mediante este proceso, estos Estados se comprometían abiertamente a cooperar, especialmente en el ámbito económico, con Israel, relegando así oficialmente la cuestión palestina a un segundo plano. En los meses siguientes, Sudán y Marruecos «normalizaron» a su vez sus relaciones con Israel, y Arabia Saudí se disponía a hacerlo cuando se produjo el 7 de octubre. Este acercamiento se vio interrumpido por la guerra en Gaza.

Por lo tanto, los dirigentes de los Estados árabes pueden encontrar un interés en la aplicación del plan de Trump. Al integrarse en la nueva administración de Gaza, una minoría de palestinos puede obtener el derecho a acceder a privilegios, ciertamente reducidos, acordes con lo que pueden esperar las clases dirigentes de los países pobres.

El propio Hamás puede encontrar un lugar en esta futura administración. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 13 de octubre, los milicianos de Hamás han salido de sus refugios subterráneos —se estima que ha podido desplegar 7000 hombres armados— y han emprendido la recuperación del control de Gaza, ejecutando a palestinos señalados como miembros de bandas que han colaborado con Israel. Pero Hamás también quiso demostrar a todos los habitantes y a los posibles opositores que seguía siendo el amo de Gaza. Trump apoyó esta brutal toma de control: «Quieren resolver los problemas, respondió a un periodista, lo han dicho abiertamente y tienen nuestro acuerdo por un tiempo». Posteriormente, el presidente estadounidense moderó sus declaraciones y afirmó que Hamás debía dejar de matar gente. Israel y Estados Unidos subcontrataron la supervisión de la población de Gaza a Hamás entre 2007 y 2023. Por lo tanto, podrían seguir haciéndolo, siempre y cuando no se haga demasiado evidente. Por su parte, la organización islamista está igualmente dispuesta a ello.

Hamas no ha sido erradicado, contrariamente a lo que proclama Netanyahu, y tal vez pueda conservar su papel de guardián de los palestinos de Gaza, que le reconocieron los dirigentes israelíes entre 2007 y 2023. Pero la población palestina ha pagado esta política con dos años de una guerra devastadora cuyas consecuencias seguirán sintiéndose en los próximos años, incluso si la guerra no se reanuda.

Desde octubre de 2023, el territorio de Gaza ha quedado totalmente devastado. Más de 67 000 palestinos han perdido la vida y cientos de miles han resultado heridos. Más del 90 % de las viviendas han sufrido daños o han quedado totalmente destruidas. Los hospitales, escuelas, universidades y todas las infraestructuras más indispensables —centrales térmicas, plantas de tratamiento de agua— han sido destruidas, sistemáticamente atacadas por los bombardeos. Aunque la Franja de Gaza dependía en gran medida de las importaciones antes del inicio de la guerra, gran parte de su subsistencia provenía de la agricultura y la producción de alimentos dentro del territorio. En el norte y el centro de Gaza, donde se practicaba la mayor parte de la agricultura, vastas extensiones de tierra han quedado devastadas.

La población israelí bajo la amenaza de la extrema derecha

La población israelí también ha pagado un alto precio por estos dos años de guerra, la más larga que ha vivido el país. Toda la vida social se ha visto trastornada por la movilización de los reservistas, que en algunos casos han sido llamados a filas varias veces al año. Varios cientos de israelíes perdieron la vida: en enero, el ejército estimó que había habido 900 muertos y 6000 heridos. Muchos de los que fueron enviados a Gaza regresaron traumatizados por lo que habían visto y, en ocasiones, también por lo que habían hecho, ya que la barbarie de una guerra marca de una forma u otra a todos los que participan en ella.

La gran mayoría de quienes se manifestaron en los últimos meses para pedir el fin de la guerra señalaban a Netanyahu como responsable de la política belicista llevada a cabo durante los últimos dos años. Si bien es cierto que Netanyahu es en gran medida responsable, él mismo estaba sometido a la presión de la extrema derecha, que le imponía sus exigencias. En las elecciones de noviembre de 2022, los partidos ultranacionalistas obtuvieron el 10 % de los votos. Netanyahu necesita a sus diputados para disponer de una mayoría en la Knesset y mantenerse en el poder. Varios de ellos ocupan cargos en su Gobierno, en particular en los Ministerios de Finanzas y Seguridad Pública, lo que les permite reforzar su audiencia y su influencia en la policía, así como acelerar considerablemente la colonización.

Esta extrema derecha se ha visto alentada por la política de los gobiernos israelíes desde 1948, que ha creado un estado de guerra permanente contra los Estados árabes y los palestinos. Una política de este tipo no podía sino reforzar el racismo y las corrientes ultranacionalistas entre la población israelí. Pero fue sobre todo la política de colonización llevada a cabo en los territorios ocupados tras la guerra de 1967, en la parte oriental de Jerusalén, Cisjordania y Gaza, la que desempeñó un papel decisivo en esta evolución. Todos los gobiernos israelíes la han tolerado, incluido el de Rabin, cuando no la han fomentado abiertamente. Estas colonias, donde viven hoy más de 600 000 personas, han proporcionado una base militante y numerosa a los movimientos partidarios de la anexión de los territorios ocupados y la expulsión de los palestinos. Los colonos atacan a los palestinos para robarles sus tierras en Cisjordania, pero también se manifiestan en el propio Israel, donde llevan a cabo expediciones contra los árabes que viven allí, con el fin de hacer imposible la convivencia. La extrema derecha ha adquirido un peso cada vez mayor en el ejército israelí. Según un periodista de Haaretz, cerca del 30 % de los reclutas en las unidades de combate pertenecen al sionismo religioso, y el 13 % de los comandantes de compañía son colonos religiosos.

Esta extrema derecha amenaza cada vez más con atacar a todos aquellos que se oponen a ella, a los que califica de enemigos internos, e imponer un régimen cada vez más autoritario y abiertamente segregacionista hacia los palestinos, incluidos los árabes israelíes, que representan el 20 % de la población israelí. Esta evolución es el resultado de la política de opresión ejercida contra los palestinos —pues es cierto que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre— y solo puede conducir a nuevas guerras cada vez más largas y sangrientas.

Por una federación socialista de los pueblos de Oriente Medio

El plan de Trump no traerá ninguna paz duradera, ya que solo representa un nuevo episodio en la larga serie de intervenciones de las grandes potencias que han creado y alimentado el conflicto árabe-israelí. No se podrá encontrar ninguna solución en el marco del sistema imperialista que, en todo el mundo, enfrenta a los pueblos entre sí para poder dominarlos a todos. La única salida para las poblaciones de la región, tanto israelíes como árabes, solo puede venir de una lucha común para derrocar los diferentes regímenes que las oprimen. La clase obrera es la única que no tiene ningún interés en mantener las fronteras actuales, ya que no tiene ningún privilegio, ni social ni nacional, que defender.

Al luchar por acabar con la explotación y todas las formas de opresión, es la única que puede ofrecer un futuro diferente. Es la única que puede construir una organización económica cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades de la mayoría y poner fin a la pobreza y al subdesarrollo en los que el capitalismo mantiene a la gran mayoría de la población mundial. Los pueblos de la región solo podrán coexistir pacíficamente en el marco de una federación que reconozca a todos derechos iguales, sin opresión, sin explotación, es decir, una federación socialista de los pueblos de Oriente Medio.

Para que tal perspectiva pueda convertirse en un objetivo de lucha para millones de explotados, será necesario que existan partidos y una Internacional que se reivindiquen del comunismo revolucionario. Contribuir a su construcción es hoy la tarea prioritaria.

20 de octubre de 2025

Detrás de la crisis política, los ataques contra los trabajadores

El 16 de octubre, tras un mes de crisis política marcado por la dimisión de su primer Gobierno, pocas horas después de su nombramiento, el cambio de postura del líder del partido Los Republicanos, Bruno Retailleau, las disputas entre los macronistas y las negociaciones con los partidos de izquierda, Sébastien Lecornu evitó la moción de censura gracias al apoyo de los diputados del PS. El espectáculo ofrecido por los líderes de los partidos, haciendo alarde de arribismo y sus pequeños cálculos, ilustra el fracaso de la clase política y el estancamiento de un sistema que no tiene nada que ofrecer a los trabajadores, salvo más explotación, desigualdades y guerras.

Al pronunciar las palabras mágicas «Propondré al Parlamento la suspensión de la reforma de las pensiones», Lecornu dio a los diputados del PS la garantía que exigían para no censurar a su Gobierno y permitirle someter a la Asamblea Nacional un presupuesto que va en contra de las clases populares. Se necesita toda la canallada de los socialistas y los dirigentes sindicales para presentar esta suspensión como «una victoria del movimiento social» (Olivier Faure, PS) o «una gran victoria para los trabajadores y las trabajadoras» (Marylise Léon, CFDT). Porque, tanto en el fondo como en la forma, todo es una estafa en este anuncio de suspensión.

Suspender no es derogar. Lo que propuso Lecornu es que esta ley, contra la que se movilizaron millones de trabajadores en 2023 antes de que fuera aprobada por Elisabeth Borne, se suspenda «hasta las elecciones presidenciales» y, concretamente, hasta el 1 de enero de 2028. Si se aprueba esta propuesta, lo cual no es seguro, los trabajadores nacidos en 1964 podrán jubilarse a los 62 años y nueve meses si cuentan con 170 trimestres de cotización, ganando tres meses de jubilación y un trimestre de cotización. Sin una nueva ley, se aplicará la reforma Macron-Borne, y los retrocesos simplemente se retrasarán unos meses. Para proponer una nueva reforma de las pensiones, Lecornu se remite al próximo presidente de la República y a la mayoría de la que disponga. Promete una nueva serie de conferencias entre sindicatos y patronal, al estilo del cónclave de Bayrou, para dar a luz una nueva propuesta para las pensiones. Estas discusiones serán la ocasión para poner en la agenda la introducción de la jubilación por capitalización, tan alabada por los empresarios, o la jubilación por puntos, que Macron ya había intentado hacer aprobar durante su primer mandato. Lecornu exige además que se encuentren nuevos ingresos para financiar esta suspensión, así como cualquier nueva versión de la reforma de las pensiones. ¿Cómo iban a aceptar los empresarios, que gritan «asesinato» cada vez que se plantea la hipótesis de un pequeño impuesto adicional sobre sus beneficios, financiar el mantenimiento de la jubilación a los 62 años sin trimestres cotizados adicionales? Hacer la pregunta es responderla.

Un presupuesto que ataca a las clases populares

La Bolsa y los mercados financieros valoraron positivamente esta «gran victoria para los trabajadores». Tan pronto como el Gobierno de Lecornu escapó a la censura, los tipos de interés a los que Francia pide préstamos para financiar su deuda, que no habían dejado de aumentar desde la dimisión de Bayrou, volvieron a bajar por debajo de los concedidos a Italia, mientras que el índice CAC 40 subió un 3 % en un solo día. La burguesía no parece preocupada por la suspensión de la reforma de las pensiones y aplaude el inicio del debate sobre el presupuesto. Al mismo tiempo, mantiene la presión para que el Gobierno y los diputados no cedan en su intención de apretar el cinturón a la población.

Fue escuchada incluso antes de expresarse. De hecho, el presupuesto presentado por Lecornu es más o menos el mismo que preparó Bayrou, con unos 40 000 millones de euros de recortes a costa de las clases populares. Si bien se ha abandonado la muy provocadora supresión de dos días festivos, se mantienen la mayoría de las medidas de austeridad. El diario L'Humanité del 17 de octubre titulaba: « El presupuesto de Bayrou... peor aún», antes de enumerar la lista de medidas de austeridad: congelación de las pensiones ya afectadas por la inflación, fin de la deducción del 10 % sobre los ingresos de los jubilados, congelación de la escala impositiva, lo que aumentará automáticamente los impuestos que paga la fracción de la población que los paga, congelación de las prestaciones sociales (APL, RSA, AAH...), supresión de puestos de trabajo en la función pública. Por su parte, las colectividades locales perderán aún unos 5000 millones de euros de sus presupuestos, con todas las consecuencias que ello conlleva para la renovación urbana, la financiación de las asociaciones, las actividades extraescolares, el deporte popular... En cuanto al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS), contiene multitud de ataques contra los asegurados sociales: la duplicación de las franquicias médicas, la supresión de la cobertura de determinados tratamientos o medicamentos, la fiscalización de las indemnizaciones pagadas a los enfermos crónicos, una reducción del gasto sanitario que gravará el presupuesto de los hospitales.

Este presupuesto se debatirá en la Asamblea y en el Senado durante más de dos meses. No hay duda de que estos debates darán lugar a nuevos episodios del teatro parlamentario, a posturas de cada uno de los grupos, tanto si han votado a favor de la censura, como el RN, LFI, el PCF y los ecologistas, como si han querido evitar a toda costa la disolución, como todos los demás. Todos se retorcerán para intentar demostrar que son los únicos que defienden los intereses de la población, cuando en realidad solo les mueven sus pequeños cálculos para ser reelegidos, o incluso para acceder al Gobierno. Según el electorado al que se dirigen, unos reclamarán un pequeño impuesto simbólico sobre las rentas más altas, otros rechazarán cualquier impuesto para las empresas.

Aunque Lecornu ha prometido renunciar al uso del artículo 49-3, la Constitución le ofrece muchos otros recursos para aprobar su presupuesto por la fuerza, incluido el recurso a decretos. Esto no excluye que esta nueva temporada de la serie «Gran circo en el Parlamento» termine con la caída de Lecornu II. Sin embargo, detrás de sus posturas, la mayoría de los partidos representados en la Asamblea han gobernado juntos o se han sucedido en el poder, donde han llevado a cabo, en esencia, la misma política antiobrera. Capaces de aliarse en 24 horas para ser elegidos o para formar parte del mismo gobierno, antes de enfrentarse gritando traición e insultándose mutuamente, todos comparten el mismo profundo respeto por la propiedad privada de los capitalistas. Y esto vale tanto para el RN como para LFI, que hoy se presentan, cada uno en su bando, como oponentes intransigentes a Macron y Lecornu, pero no pierden ocasión de declarar su amor por los «empresarios», sobre todo si son franceses.

Crisis política y dictadura de la burguesía

El espectáculo patético que lleva meses ofreciendo la clase política no puede sino reforzar el sentimiento de repulsa entre las clases populares. En el período actual, ante la falta de combatividad y confianza en su propia fuerza, este espectáculo no contribuye a reforzar el nivel de conciencia de los trabajadores. Pone de relieve la mezquindad y la hipocresía de los políticos de la burguesía, capaces de cambiar de bando en pocas horas. Pero al mismo tiempo oculta las causas reales de la crisis política y el hecho de que los amos de la sociedad, los que realmente tienen el poder, no son los políticos electos y otros líderes de los partidos que aspiran a gobernar, sino los capitalistas y los banqueros, que son los propietarios de las empresas y los bancos.

La crisis política, que dura al menos desde la reelección de Macron en 2022 —y, en el fondo, desde los mandatos de Sarkozy y Hollande, incapaces ambos de ser reelegidos para un segundo mandato—, tiene causas coyunturales y otras más profundas.

El sistema político francés, forjado durante décadas a través de crisis y guerras, se rige desde 1958 por la Constitución de la V República. Esta otorgó un peso preponderante al presidente de la República y redujo los poderes de la Asamblea Nacional, que solo puede funcionar realmente con una mayoría absoluta. Este régimen presidencial, impuesto por De Gaulle, que se había otorgado a sí mismo plenos poderes para resolver la crisis provocada por la guerra de Argelia, prestó un gran servicio a la burguesía durante décadas al permitir una alternancia sin demasiados sobresaltos entre la derecha y la izquierda. Cuando la derecha era demasiado odiada por las clases populares, dejaba paso a la izquierda. Este sistema comenzó a fallar cuando los partidos tradicionales de gobierno, demasiado desacreditados por su paso al poder, ya no fueron capaces de recuperar su virginidad en la oposición. Macron, antiguo ministro de Hollande lanzado por la gran burguesía para las elecciones presidenciales de 2017, al adoptar una postura «ni de derechas ni de izquierdas», ofreció un respiro al sistema parlamentario burgués. Este respiro fue de corta duración.

Uno de los factores inmediatos de la crisis política actual es la decisión de los partidos de derecha, heredada del gaullismo, de mantener al Rassemblement National (RN) al margen de las alianzas y del poder, a pesar de que este partido ha obtenido casi un tercio de los votos de los electores. Si ya no hay diferencias políticas entre la derecha y la extrema derecha, ya que ambas vierten los mismos torrentes de insultos contra los inmigrantes, los musulmanes o los que ellos llaman «asistidos», si el cordón sanitario es cada vez más poroso, las renuncias recíprocas entre la izquierda, los macronistas y algunos diputados de LR en las elecciones legislativas de junio de 2024 impidieron que el RN obtuviera una mayoría, ni siquiera relativa. Este es un factor de la crisis actual. Todo indica que una fracción cada vez mayor de la burguesía, encarnada por los multimillonarios Vincent Bolloré y Pierre-Édouard Stérin, milita activamente por la «unión de las derechas», que iría desde LR hasta el RN, e incluso hasta el partido de Zemmour. Los éxitos de Trump en Estados Unidos y de Meloni en Italia dan argumentos a estos partidarios de gobiernos tan reaccionarios como autoritarios.

Pero, independientemente de las soluciones políticas que el gran capital logre impulsar para dirigir su Estado, estas no podrán liberarse de las causas profundas que socavan la democracia burguesa. El sistema se encuentra en un callejón sin salida porque quienes dirigen la sociedad no tienen nada que ofrecer a las clases populares, salvo más explotación, más desigualdades y más guerras. El sistema capitalista se hunde en la crisis económica porque los medios de producción, cada vez más potentes, exigirían una planificación a escala planetaria, mientras que están regidos por capitalistas privados y se enfrentan a la estrechez de los mercados nacionales, fragmentados y protegidos por Estados rivales. La competencia cada vez más intensa entre los grupos capitalistas genera una guerra comercial que se libra a escala mundial. La crisis política ha eclipsado los anuncios de despidos y cierres de fábricas, que se multiplican en la industria química, automovilística y comercial, pero no los ha eliminado. Ante la guerra comercial mundial, para mantener y aumentar sus beneficios, los grandes empresarios deben aplastar los salarios, disparar los precios, despedir y agravar la explotación. Exigen que se pongan a su disposición las arcas del Estado y que se reduzca el «coste laboral». En este periodo de crisis, inestabilidad política e incertidumbre sobre la continuidad de sus beneficios, los capitalistas solo tienen una política posible: intensificar la guerra de clases.

A esta guerra de clases se suma el condicionamiento de las clases populares para que acepten la guerra que preparan todos los estados mayores militares. En un momento en el que Lecornu pretende reducir el presupuesto del Estado en unos 40 000 millones de euros, prevé un aumento de 7000 millones en el presupuesto de las fuerzas armadas, que ya ha pasado de 32 000 a 51 000 millones entre 2017 y la actualidad. A los presupuestos militares en aumento se suma la propaganda sobre las «amenazas rusas» y la necesidad de que Europa se defienda sin contar ya con el «paraguas estadounidense». Para los dirigentes, preparar la guerra significa poner a los trabajadores a raya y acostumbrarlos a sacrificios cada vez mayores.

Sustituir una cuadra política por otra no detendrá esta espiral mortal. Todos los partidos que aspiran a dirigir el Estado de la burguesía, incluidos el RN y LFI, están de acuerdo en aumentar el presupuesto militar y poner el Estado al servicio de los capitalistas franceses que se enfrentan a la competencia internacional. Nada cambiará en la sociedad mientras la clase trabajadora no se enfrente a la clase capitalista, cuestionando su dominio sobre las mayores empresas de producción y distribución, los bancos... y su derecho a disponer de nuestras vidas.

Los trabajadores, al estar en el centro de la maquinaria productiva, que los conecta entre sí más allá de las fronteras, son los únicos que pueden detener la locura del capitalismo. Pero eso supone que recuperen la confianza en su fuerza colectiva, que no se dejen arrastrar por el repliegue nacional, la xenofobia y la división, que tomen conciencia de que sus enemigos son los capitalistas que los explotan, enfrentan a los pueblos entre sí y destruyen el medio ambiente. Debido a las sucesivas traiciones de los partidos y organizaciones surgidos del movimiento obrero y a su integración en la sociedad burguesa, la conciencia de clase de los oprimidos está muy por detrás de la de sus explotadores y de todos sus servidores, políticos o intelectuales. Hay que obrar para reimplantarla.

21 de octubre de 2025

Los caminos de China son inescrutables (3): El período de Mao Zedong

Publicamos el tercer y último artículo sobre la historia de China. Nuestros lectores podrán encontrar las dos primeras partes en los números 246 (marzo de 2025) y 247 (abril de 2025).

La China actual, que desde hace más de treinta años sorprende por su explosivo y continuo crecimiento económico, parece no tener nada en común con la de los años 1949-1976, cuando Mao estaba en el poder. Sin embargo, sigue arraigada en la era maoísta. En 1949, cuando los ejércitos de Mao tomaron el poder, era un país devastado, al borde del colapso. El esplendor pasado de China había despertado la codicia de todos: potencias extranjeras, señores de la guerra, ejércitos de Chiang Kai-shek y bandidos, y todos esperaban solo una señal para lanzarse sobre él.

Un siglo antes, las cañoneras británicas habían destruido los canales de riego, las presas de los grandes ríos y todas las infraestructuras vitales para la agricultura. Muchas tierras habían sido abandonadas y los campesinos huían a las ciudades, donde solo encontraban trabajo en los presidios industriales.

Quedaban muy pocas industrias, salvo en Manchuria, donde databan de la ocupación japonesa, y pocas vías férreas, salvo las que los ejércitos japonés y del Kuomintang¹ habían mantenido más o menos en buen estado para el transporte de tropas. Dos décadas de guerras habían traído consigo bombardeos y masacres... Al ordenar el bombardeo de los diques del río Amarillo para provocar una inundación que detuviera el avance japonés, Chiang Kai-shek² había inundado toda una región.

El PC y la rebelión campesina

La situación era tan insostenible para la población que la retirada de las tropas japonesas en 1945 actuó como detonante. En cada pueblo, los campesinos pobres ajustaron cuentas con los usureros, especuladores, grandes terratenientes y señores feudales, que el ejército de ocupación japonés ya no protegía. Se atrevieron, como lo habían soñado durante décadas, a hacerles pagar por sus fechorías. Su odio y su rabia no tenían límites.

Por su parte, la dirección del PC intentaba sellar una alianza con el Kuomintang haciéndose reconocer como buenos nacionalistas capaces de gobernar con él. Esto suponía subestimar la corrupción de este ejército, considerado incapaz incluso por sus partidarios, los burgueses, a menudo también grandes terratenientes y usureros. La inquietud de los dirigentes del PC crecía, ya que se encontraban bajo la presión de millones de campesinos enfurecidos. La alianza con el Kuomintang se estaba volviendo antinatural y muchos cuadros del PC estuvieron a punto de perder la vida. Para ellos, separarse de los campesinos significaba una derrota segura.

En el verano de 1946, el PC cambió de orientación y decidió ponerse al frente de esta revuelta. Los grupos de guerrilleros experimentados pero aislados, se transformaron en un auténtico ejército. Estos antiguos campesinos sin tierra, fugitivos, marginados... se convirtieron en instructores y encontraron en esta tarea una misión que cumplir: expulsar a los japoneses y a los saqueadores del Kuomintang. Esta política «devolvió el alma y la fe a las tropas, formó cuadros con una mentalidad y un nivel primario, pero enérgicos, completamente desinteresados y fanáticos de su causa»³. El ejército del PC se convirtió en el ejército nacionalista por excelencia, el que expulsaba al invasor y a todos los que se habían comprometido con él.

Un equipo dirigente marcado por su época

Los dirigentes del PC habían sobrevivido a las persecuciones del Kuomintang, a la desconfianza de los campesinos y a sus conflictos internos; tenían un pasado en común, habían recibido más o menos la misma formación, compartían una misma visión del mundo y estaban convencidos de que su deber era dedicar su vida a la transformación de una China a la deriva. Obstinados y resistentes, llevaban la huella de toda una época.

Estos líderes se habían formado en su juventud, en una época en la que toda la sociedad se enfrentaba a cambios radicales que lo cuestionaban todo. El desarrollo de la burguesía en Europa y Estados Unidos hizo estallar los viejos marcos del pasado. La seguridad y la agresividad de esta nueva clase social, fortalecida por su éxito, cuestionaban inexorablemente el equilibrio mundial. Tras numerosas rapiñas y golpes de fuerza, las contradicciones de su sistema estallaron en el siglo XX en dos guerras mundiales, como la humanidad nunca había conocido antes en esa forma, y condujeron a una revolución dirigida por una clase obrera joven que se emancipaba. El viejo mundo se resquebrajaba hasta tal punto que el eslabón más débil de esta Europa en guerra, Rusia, apenas capitalista pero con una sociedad aún medieval, vio cómo su régimen zarista era derrocado por una revolución liderada por una vanguardia, la clase obrera consciente, dirigida por el partido comunista bolchevique.

Los jóvenes chinos que se marcharon a estudiar a Francia fueron proyectados, desde sus provincias, donde reinaban tanto el inmovilismo ancestral como el caos, en el caldero político candente que era la Europa de aquella época. Sin percibir siempre toda la complejidad de la situación en la que se encontraban, se sumergieron en ese mundo, se impregnaron de él y, en la escuela del movimiento obrero europeo de los años veinte, se convirtieron en militantes como solo ese período podía formar.

Retuvieron ideas fuertes del movimiento obrero: derrocar a los poderes establecidos, feudales e imperialistas extranjeros, y apoyarse en las masas para lograrlo. Pero muchos olvidaron los demás principios del comunismo, a saber, que el sistema capitalista se basa en la propiedad privada, incluida la de las fuerzas productivas (industria pesada, transportes, obras de ingeniería, etc.) útiles para la sociedad, y que el comunismo, por el contrario, se basa en su propiedad colectiva. Estos dos sistemas no pueden coexistir, y el internacionalismo, principio fundamental de las ideas comunistas, es un postulado básico.

Pero en la URSS, la lucha se libraba en el seno de la dirección del joven poder soviético y el bando estalinista, que acabaría imponiéndose, comenzó a defender la idea de que el socialismo era posible en un solo país. Esto le convenía perfectamente a todos los pequeños burgueses de los países pobres, que soñaban con convertirse en grandes burgueses explotando a sus propios campesinos, pobres y analfabetos. Esta visión política, que equivalía a aceptar la dominación del imperialismo, encajaba perfectamente con lo que eran los dirigentes chinos, cuya formación se había desarrollado principalmente contra las fuerzas reaccionarias que mantenían a los chinos en un universo medieval.

Ya no servía de nada ser internacionalistas, salvo de boquilla, y podían convertirse en nacionalistas consecuentes, olvidando así que solo la clase obrera, la que trabaja en las empresas, las oficinas y los bancos, especialmente en los bastiones de la burguesía en Europa y América, puede no solo derrocarla, sino también sustituirla, y que eso supone una revolución a escala mundial.

Zhou Enlai, uno de los líderes comunistas más influyentes, acompañó a Mao durante casi toda su vida. Nacido en una familia de letrados, militó en el Movimiento del 4 de Mayo⁴, lo que le valió la cárcel. En Francia, fundó la rama europea del Partido Comunista en 1922. Luego, a los 26 años, se convirtió en responsable de la academia militar de Whampoa.⁵

Lin Biao, procedente de la pequeña burguesía rural, se hizo comunista a los 18 años, militó en el movimiento estudiantil y entró en la academia militar en 1925. Tras la Larga Marcha⁶, se convirtió en un comandante de renombre tras recuperar Manchuria luchando contra el ejército japonés. Otros, como Liu Shaoqui, también se marcharon a formarse en la URSS y, a su regreso, organizaron a los ferroviarios de Shanghái durante el auge revolucionario de 1925-1927. Apenas nacidos políticamente, se encontraron al frente de la revolución de 1927. De forma aún más repentina, cayeron bajo los golpes de la represión y, desorganizados, huyeron de las ciudades. Buscaron a tientas un camino para continuar. En pequeños grupos armados, se escondieron en el campo y se dedicaron a la guerrilla. Se abrió entonces un largo período de huida hacia adelante, buscando empíricamente soluciones para ganarse la aceptación de los campesinos, abastecerse y establecerse donde podían.

La entrada en las ciudades y el período democrático: establecer y estabilizar el poder

Cuando las tropas del Partido Comunista entraron en las ciudades en 1949, temiendo asustar a la burguesía al apoyar a la clase obrera, Mao hizo todo lo posible para que nada cambiara y advirtió: «No lancéis a la ligera consignas a favor del aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral». «No se apresuren a organizar a la población urbana en la lucha por las reformas democráticas y la mejora de las condiciones de vida».⁷ Cuando las fábricas se declararon en huelga, como en Shanghái, el mismo Mao declaró: «Cualquier huelga intermitente y cualquier sabotaje serán castigados». »⁸ Los funcionarios del Kuomintang, sus oficiales que se habían pasado al Ejército Rojo y los empresarios permanecieron en sus puestos y, en las reuniones, los comunistas se encontraron junto a sus verdugos de 1927. Si bien el PC estaba implantado en las regiones remotas del norte, no lo estaba en el sur, más rico y desarrollado, ni a lo largo de las costas, donde se encontraban las grandes ciudades, Cantón y Shanghái. Era poco a escala de China y el equilibrio de poder era precario.

La Guerra de Corea (1950-1953)

El poder del PC era tanto más precario, cuanto que en 1950 Estados Unidos se lanzó a la guerra de Corea para mantener a raya los países asiáticos que querían escapar de su zona de influencia en beneficio de la URSS. El PC chino decidió implicarse en la guerra, a pesar de su inferioridad técnica, aprovechando el impulso patriótico de la población o suscitándolo. Multiplicó las campañas: «Apoyar a los Leones del frente» y «Resistir a América», y se difundieron caricaturas del Tío Sam por los pueblos.

El ejército chino seguía muy por debajo del estadounidense en cuanto a equipamiento. Sin embargo, lo repelió en pocos meses. El conflicto terminó con el retorno a las fronteras anteriores, dividiendo Corea en dos. No fue una victoria, pero sí una revancha tras un siglo de deshonra, una hazaña contra un ejército imperialista.

Con el apoyo de la población, el PC pudo eliminar a los miembros restantes del Kuomintang e incluso purgar la administración y el partido. Fue la «campaña de los Tres Anti», dirigida contra la malversación de fondos, el despilfarro y el burocratismo. El relativo éxito en Corea atrajo a millones de jóvenes de la pequeña burguesía, sobre todo urbana. Reforzó el aparato a escala nacional y su columna vertebral: el ejército. Y una vez estabilizado el poder, la dirección se ocupó de la economía.

Recuperar el retraso económico

La Rusia soviética había tardado años en intentar superar su retraso, ya que su industria incipiente era incapaz de proporcionar al campesinado lo que necesitaba. En China, sin una acumulación previa de riqueza, lo que Marx denominó acumulación primitiva, y sin la ayuda de los países avanzados, que le eran hostiles y practicaban el bloqueo económico, la principal fuerza capaz de producir riqueza era el campesinado. Pero era tan numerosa y tan poco productiva que era imposible obtener un excedente de riqueza que sirviera de base para una industria. Ante este dilema, verdadera obsesión para los dirigentes del partido, sus únicos medios reales eran sus cuadros y el ejército, frente a una masa de varios cientos de millones de campesinos hambrientos. La puesta a raya de la población se llevaría a cabo de forma incesante, comenzando por los cuadros del partido, mediante purgas y depuraciones periódicas para disciplinarlos y doblegarlos, con el fin de que supervisaran las grandes campañas lanzadas por la dirección.

Aparentemente, estas campañas ponían a todo el mundo en movimiento, pero muchos las evitaban. Correspondía a los directivos transmitir el entusiasmo, por no hablar de aquellos que aprovechaban esta agitación para servir a sus propios intereses o abusar del poder. Sin embargo, estas campañas permitían que la población avanzara al mismo ritmo, aunque fuera demasiado lento.

El PC disponía de todos los resortes del Estado; impuso salarios bajos, los campesinos se vieron obligados a vender su producción al Estado... Todos los excedentes producidos por el campesinado se destinaron a la industria sin que la población se beneficiara nunca de ello.

El primer plan quinquenal, de 1953 a 1957, fue una primera gran campaña, llevada a cabo con la ayuda de la URSS, que lo financió en parte, y siguiendo el modelo de lo que había hecho este gran vecino que parecía haber tenido éxito. Los dirigentes chinos avanzaron a marchas forzadas hacia la industrialización, previendo 146 proyectos de gran envergadura, sobre todo en la industria pesada. Para financiarlos, era necesario modernizar las tierras agrícolas, pero su productividad no logró despegar. Las nuevas fábricas carecían de ingenieros y técnicos cualificados, y los que venían de Rusia no lograban compensar esta carencia. Muchos proyectos fueron abandonados. Esta campaña «a la rusa» resultó ser un medio fracaso, hasta tal punto que el PC anunció rápidamente una nueva, pero esta vez «a la china», que proponía al país «caminar con sus dos piernas», la agricultura y la industria.

Del Gran Salto Adelante (1958-1961) a la Revolución Cultural

En nombre de esta segunda campaña del Gran Salto Adelante, se aligeró la centralización. Cada región debía ser más autónoma. Los cuadros debían aumentar, a toda costa, el rendimiento industrial y agrícola. Los campesinos, agrupados en comunas populares de entre 20 000 y 40 000 personas, se organizaron en brigadas militarizadas que fueron enviadas a los campos, a las fábricas y a grandes obras. Pero el desarrollo de una industria local pronto resultó ser un fiasco, como los altos hornos en los pueblos, donde los campesinos tenían que fundir hasta sus cubiertos para obtener finalmente solo hierro fundido de mala calidad. En medio de este caos, los campesinos tuvieron que ceder además gran parte de su cosecha al Estado, lo que pronto provocó una catástrofe y una hambruna. Pero el poder siguió exportando cereales para poder invertir después en la industria.

En cierto modo, esta medida drástica contra la población dio, a pesar de todo, algunos resultados: saneamiento de pantanos, roturaciones, construcción de diques y la parte de la riqueza transferida de la agricultura a la industria pasó de menos del 10 % a más del 20 %. Todo ello se pagó con un número incalculable de víctimas, de las cuales casi 30 millones murieron a causa de la hambruna. Este episodio supuso un auténtico trauma para toda la sociedad china.

Consciente del descontento que agitaba a parte de la población urbana, incluidos los cuadros del partido y los trabajadores, la dirección del PC se embarcó en una nueva campaña, esta vez apelando a la juventud pequeñoburguesa. En 1966, y durante aproximadamente dos años, millones de estudiantes universitarios y de secundaria, los Guardias Rojos, fueron fanatizados y lanzados contra los cuadros y los intelectuales, acusados de ser contrarrevolucionarios. Sin duda, los dirigentes del PC debían sentir un peligro muy real. Tras la hambruna durante el Gran Salto Adelante, considerada un fracaso del propio Mao, era necesario que la población aceptara seguir viviendo como en un campo atrincherado, en la más absoluta austeridad.

Enfurecieron a los Guardias Rojos, entre otras cosas, por la manifestación celebrada en Pekín en el verano de 1966, en la que participaron alrededor de un millón de jóvenes traídos en tren desde toda China. Tenían carta blanca, solo se les prohibía el acceso a los cuarteles y las fábricas. Destruyeron todo lo que era cultural, atacaron a los intelectuales y a los cuadros, saquearon sus casas y los golpearon. Las organizaciones del partido y las propias administraciones fueron devastadas, y los cuadros fueron sometidos a «sesiones de lucha», es decir, a humillaciones y torturas.

Detrás de esta locura destructiva y bárbara, el poder estaba muy presente: el ejército, una vez más al mando, los supervisaba, la policía proporcionaba las direcciones, los trenes eran gratuitos... Los trabajadores, instintivamente, se mostraban hostiles hacia los Guardias Rojos, sobre todo cuando les decían: «Ahora que hemos tomado el poder, no podemos tolerar la pereza»⁹. Así que, para tomar la iniciativa, Mao hizo un llamamiento a los trabajadores de Shanghái para que intervinieran. Mal le salió la jugada, porque, aunque oficialmente retomaron las consignas de la Revolución Cultural, les dieron su propio contenido: el odio hacia los cuadros del partido y del sindicato de su fábrica, y se declararon en huelga para exigir aumentos salariales.

En el invierno de 1966, Shanghái quedó paralizada por una huelga de dos meses. Le siguieron otras huelgas en todas las regiones industriales. Se produjeron enfrentamientos sangrientos entre los Guardias Rojos y los trabajadores, a veces apoyados por la población. Entonces, el poder intervino con el ejército: toque de queda, blindados en las calles, artillería pesada e incluso bombas de napalm. Al quedar inutilizados, veinte millones de Guardias Rojos fueron enviados por la fuerza al campo, mientras que las administraciones que habían sido desmanteladas y los cuadros que habían sido purgados pero aún estaban vivos fueron restablecidos. Esta campaña había apuntado en primer lugar al partido como nunca antes lo había hecho. Se eliminó toda oposición, se amordazó a la población urbana y, en particular, a los trabajadores.

La muerte del «Gran Timonel» (1976)

En 1972, Estados Unidos, empantanado en la guerra de Vietnam, cambió de orientación en Asia y restableció relaciones con China, una decisión que cambiaría profundamente la situación. Sobre todo porque el período estaba marcado por la sucesión de Mao. Cuanto más se acercaba su fin, más feroz se volvía la lucha entre los candidatos a su sucesión. Deng Xiaoping ganó la carrera¹⁰. Solo un mes después de la muerte de Mao, gracias a su influencia en el partido y el ejército, hizo arrestar a los líderes de la facción maoísta. Conocidos como la Banda de los Cuatro, fueron acusados de los excesos de la Revolución Cultural, y la viuda de Mao fue condenada a muerte. Este juicio supuso el fin oficial del maoísmo, lo que permitió a Deng Xiaoping instalarse en el poder.

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El desarrollo espectacular de la economía china desde la muerte de Mao, hace casi cincuenta años, refuerza a los líderes un poco radicales de las naciones que intentan liberarse de la presión económica y política del imperialismo. China es para ellos un ejemplo, el de un país que ha tenido éxito apoyándose en su campesinado pobre y en su clase obrera, a medida que esta se desarrollaba. Es mediante la explotación inexorable de estas masas que el Partido Comunista en el poder ha logrado desarrollar una industria eficiente que permite a China ser considerada hoy en día como el taller del mundo. En su competencia en el mundo imperialista, China asume la producción básica de los productos industriales más comunes. Y si su industria aún no está en condiciones de competir plenamente con las industrias de vanguardia, tan apreciadas por el mundo imperialista, no deja de esforzarse por lograrlo.

Otros líderes de países pobres han probado su receta, como Vietnam o Corea del Norte, pero son muchos más los que la han abandonado, como Cuba o África. Estos países, cuya revolución fue menos profunda y que abandonaron el camino de la transformación social y económica, aceptando los dictados del imperialismo, tenían muchas menos razones que la dirección china. Porque esta tenía la particularidad de haber echado raíces en el caldero de la revolución bolchevique. Fue esta dirección jacobina, radical, disfrazada de comunista, fortalecida por un levantamiento campesino al que se puso al frente, la que se mantuvo a pesar de los conflictos internos, tal vez gracias a su formación común. Pero también se benefició de un gran país con una población muy numerosa, importantes riquezas naturales, la ausencia de enemigos en las fronteras y, sobre todo, una larguísima práctica del estatismo que se prolongó desde el Imperio hasta la dictadura de Mao. Todo ello se conjugó para dar lugar a la China actual. Los admiradores de China pueden ver en ello una especie de milagro, incluso un modelo que contrasta con la situación de la inmensa mayoría de los demás países. Por nuestra parte, no vemos ningún milagro en la sobreexplotación de una población, gracias a un aparato estatal tentacular y a medidas de bajo coste (sanidad, alimentos baratos y otras...). Por el contrario, lo que vemos en China es que alberga a la mayoría del proletariado mundial de forma muy concentrada. Y es en esta realidad donde se encuentra el futuro de su población, de la humanidad, mucho más que en la carrera desenfrenada e interminable por igualar a las grandes potencias, una carrera que solo añadiría un competidor más a la lucha en la que se enzarzan hoy las potencias imperialistas.

22 de octubre de 2025

Anexo: esto es lo que escribiamos en Lutte de Classe nº 76, publicado el 8 de octubre de 1963:

"Hace catorce años, China

[…] La antigua China había muerto, y estaba bien muerta. Pero el Partido Comunista Chino no era un partido revolucionario proletario. […] El problema que se planteó, una vez en el poder, no fue el de la extensión de la revolución, sino el de liberar la economía nacional de China de la explotación del imperialismo mundial para permitir la supervivencia de la burguesía. No era la tradición de Marx ni la de Lenin, sino la continuación del sueño de Sun Yat-sen.

Pero las condiciones de vida de las masas habían cambiado considerablemente. Habían ganado la tierra, el nuevo gobierno había eliminado la corrupción y el despilfarro descarado que reinaba bajo Chang.

En octubre de 1949, una cuarta parte de la humanidad escapaba del yugo del imperialismo. Sin embargo, el nuevo régimen no consagró la liberación definitiva de esos 600 millones de personas. Bajo el signo de la «nueva democracia», las sometió a una tarea de construcción económica de la que se beneficiarían sobre todo las clases dirigentes, la burguesía nacional. Pero, sea como fuere, esta fecha marca la mayor derrota del imperialismo desde octubre de 1917, y en las fábricas y obras de la nueva China crece y madura un nuevo proletariado."