Israel-Palestina: guerra y limpieza étnica

La guerra continúa en Gaza desde hace casi tres años. A pesar del alto el fuego que se supone que está en vigor, más de 1 300 palestinos han perdido la vida desde octubre de 2025, víctimas de las bombas, los drones y las balas del ejército israelí. Según el Ministerio de Sanidad palestino, el balance total ascendería a más de 73 500 muertos en el bando palestino, a los que hay que sumar un número indeterminado de cadáveres —sin duda miles— que aún yacen sepultados bajo los escombros.

La gran mayoría de los 2,2 millones de habitantes de Gaza han perdido sus hogares a causa de los bombardeos y se ven obligados a vivir en tiendas de campaña, entre las ruinas. Los únicos habitantes de Gaza que disponen de electricidad son los pocos que cuentan con paneles solares. Hay escasez de agua potable, ya que el 90 % de las infraestructuras de saneamiento han resultado dañadas o destruidas. La mayoría de los hospitales y centros sanitarios ya no pueden prestar asistencia, y escasean los medicamentos. Según la ONU, entre 1,4 y 1,6 millones de palestinos de Gaza sufren «niveles extremadamente graves de inseguridad alimentaria», es decir, hambruna.

El plan de Trump sin la paz

El llamado plan de paz de Trump para Gaza, firmado en octubre de 2025, preveía una primera fase en la que Hamás debía liberar a los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, mientras que el ejército israelí se comprometía a permitir de nuevo la entrada de ayuda humanitaria. De hecho, solo se ha abierto el paso fronterizo de Kerem Shalom, al sureste de Gaza, en la frontera con Egipto, y se utiliza exclusivamente para camiones que, debido a los minuciosos controles impuestos por los soldados israelíes, son muy pocos los que logran cruzarlo. Así, según Unicef, entre mayo y junio de 2026, solo 280 de sus 633 camiones que partieron de Egipto pudieron llegar y descargar en el enclave. Las personas, por su parte, deben utilizar el paso de Rafah, situado también en la frontera con Egipto, pero su apertura es mucho más aleatoria y sigue siendo extremadamente difícil obtener los permisos de paso.

Se suponía que una segunda fase del plan de Trump comenzaría el 14 de enero de 2026, tras la devolución de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos durante su cautiverio. En ese momento, se iba a constituir un Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), compuesto por quince personalidades palestinas consideradas independientes, bajo la autoridad de un Consejo de Paz presidido por el propio Trump. Ninguna de estas estructuras llegó a existir realmente. No obstante, el Consejo de Paz celebró una reunión inaugural el 19 de febrero en Washington ante los medios de comunicación de todo el mundo, en presencia del presidente estadounidense. Este se entregó a las fanfarronadas que le son habituales, afirmando poder resolver todos los conflictos del planeta. Desde entonces, no se ha celebrado ninguna otra reunión. En cuanto al CNAG, no desempeña absolutamente ningún papel y sus representantes ni siquiera han podido desplazarse a Gaza, al no haber recibido autorización de las autoridades israelíes.

Según los acuerdos alcanzados, el ejército israelí, que ocupaba una zona que representaba algo más de la mitad del territorio de Gaza, delimitada por una «línea amarilla» señalizada con bloques de hormigón pintados de ese color, se había comprometido a ceder progresivamente el control a una fuerza armada internacional. En realidad, esta fuerza nunca llegó a crearse y, lejos de retirarse, el ejército israelí ha ido desplazando la línea amarilla cada vez más hacia el oeste, acercándola a la costa. Netanyahu, por otra parte, no ha ocultado en absoluto sus objetivos, y a finales de mayo declaró en una rueda de prensa: «Ahora controlamos el 60 % del territorio. Estábamos en el 50 % [tras la entrada en vigor del alto el fuego], hemos pasado al 60 %, y mi directriz es llegar al […] 70 %. » En la zona controlada por Israel, que se extiende inexorablemente mes tras mes, las excavadoras terminan de destruir todo lo que aún no han destruido las bombas, con el objetivo de imposibilitar el regreso de los habitantes. Más de 2,2 millones de palestinos se ven obligados a sobrevivir en un territorio que se ha convertido en un campo de concentración reducido en dos tercios.

Hamas, en un callejón sin salida

Por su parte, Hamás ha realizado recientemente varios gestos para demostrar que no quería obstaculizar la aplicación del plan de Trump. Tras anunciar el 6 de julio la disolución de sus órganos de dirección en la Franja de Gaza, la organización islamista aceptó, a principios de agosto, el desarme de sus milicias. Estas, muy debilitadas por tres años de una guerra terrible, no habían desaparecido, hasta habían sido capaces de recuperar el control de las zonas evacuadas por el ejército israelí. Entre declararse dispuesto a desarmarse y hacerlo realmente hay, por supuesto, una diferencia. Pero Hamás se había negado hasta entonces incluso a hacer tal anuncio.

Este retroceso ilustra el callejón sin salida al que su política ha llevado a Hamás y, sobre todo, a la población palestina. Al llevar a cabo el ataque del 7 de octubre, al cometer las masacres de civiles israelíes y las tomas de rehenes, Hamás quería volver a situar en primer plano la cuestión palestina y reforzar su imagen como la única organización combatiente real entre los habitantes de los territorios ocupados. La población palestina lo ha pagado muy caro, ya que Netanyahu ha podido llevar a cabo una auténtica guerra de exterminio contando con un apoyo de la población israelí del que no disponía hasta entonces.

Sea cual sea la situación actual de Hamás y su influencia entre la población, ni él ni las organizaciones nacionalistas palestinas en general van a desaparecer. La guerra, la destrucción y las decenas de miles de muertos han suscitado inevitablemente entre esta población un deseo de venganza y han dado lugar a innumerables vocaciones de combatientes. La política israelí actual no puede sino preparar nuevos enfrentamientos.

Colonización y limpieza étnica en Gaza y Cisjordania

Para llegar al poder tras las elecciones legislativas de 2022, Netanyahu tuvo que formar una coalición entre su partido de derecha, el Likud, y partidos ultranacionalistas y racistas que representaban aproximadamente el 10 % del electorado. Sus representantes obtuvieron cargos importantes: Itamar Ben Gvir, responsable de Seguridad Nacional y de la Policía de Fronteras; Bezalel Smotrich, de Hacienda y Defensa, entre otros.

Más aún que sus predecesores, este Gobierno ha acelerado la colonización de Cisjordania, aunque se trata de la continuación de una política iniciada mucho antes. Por ejemplo, en agosto de 2025, el Gobierno de Netanyahu aprobó el proyecto E1, que prevé la construcción de unas 3 400 viviendas para la población judía en Cisjordania. Su realización tendría como consecuencia dividir en dos este territorio e impedir el establecimiento en este último de un Estado palestino. De hecho, este proyecto E1 existe desde la creación, en 1975, de la colonia de Ma’ale Adumim por parte del Gobierno laborista dirigido entonces por Yitzhak Rabin. El objetivo era crear una continuidad urbana entre este asentamiento y la ciudad de Jerusalén. Tras permanecer paralizado durante años, el proyecto fue reactivado en 1994 por el mismo Rabin, que había vuelto al poder, justo cuando Israel acababa de firmar los acuerdos de Oslo con la OLP.

Al fomentar la colonización de los territorios palestinos, los propios laboristas han alimentado el avance de la derecha y la extrema derecha, avance que acabó resultándoles fatal. Tras haber sido hegemónico entre 1948 y 1977, el Partido Laborista se encuentra hoy considerablemente debilitado, ya que solo obtiene el 5 % de los votos y ha quedado apartado del poder de forma duradera.

Mientras se prevé que a finales de octubre se celebren nuevas elecciones legislativas, Netanyahu —que, según las encuestas, se encuentra en una mala posición— hace suyas por completo las posturas de la extrema derecha más radical, que aboga abiertamente por la expulsión de los palestinos de Gaza y Cisjordania. El ministro de Defensa, Israel Katz, miembro del Likud, declaró el 2 de septiembre que su país estaba dispuesto a trasladar a los palestinos fuera de Gaza, siempre que Estados Unidos diera su visto bueno. Ese mismo día, su aliado y rival de extrema derecha, Ben Gvir, presentó un plan para trasladar a los palestinos fuera de Gaza antes de que termine el mes de octubre.

Es cierto que el contexto electoral favorece todo tipo de exageraciones. Pero una política de este tipo se inscribiría en la línea que han seguido todos los gobiernos israelíes desde 1948. El Estado de Israel se fundó mediante la expulsión de más de 700 000 palestinos, que encontraron refugio en campamentos de Gaza, Cisjordania y los países vecinos. Sin duda, Trump no tendría ninguna objeción de principio a la continuación de esta política de expulsión y limpieza étnica, ya que él mismo ha mencionado el traslado de los habitantes de Gaza y la transformación de este territorio en una Riviera de Oriente Medio. Más fundamentalmente, las potencias imperialistas siempre han apostado por las divisiones entre los pueblos de Oriente Medio para imponer su dominio y no están dispuestas a abandonar esa política.

No habrá paz sin derrocar el imperialismo

La lógica de confrontación y expoliación de los palestinos que ha prevalecido desde el nacimiento de Israel ha llevado a la aplicación de políticas cada vez más bárbaras. La población israelí también pagará por ello, al verse obligada a vivir en un estado de guerra permanente y a sufrir a una extrema derecha cada vez más agresiva que tiende a imponer su ley a toda la sociedad.

Solo una ruptura total con la política de Netanyahu puede poner fin al conflicto israelo-palestino. Esto supone reconocer los derechos nacionales de los palestinos y poner fin a la colonización. También exige romper con la política del Estado israelí, que consiste en erigirse en defensor privilegiado de los intereses imperialistas en Oriente Medio, lo que no solo ha contribuido a alimentar el conflicto árabe-israelí, sino que ha convertido a la región en un escenario de guerra permanente. Defender esta perspectiva implica luchar contra todas las clases dirigentes, no solo las de Israel, sino también las de los Estados árabes, preocupadas exclusivamente por defender sus privilegios en el marco del orden existente.

Esta lucha debe formar parte de la lucha de la clase obrera internacional para derrocar al imperialismo y poner fin a este sistema de saqueo y explotación de los pueblos del mundo en beneficio de una minoría privilegiada. Debe fijarse como objetivo construir una federación socialista de los pueblos de Oriente Medio, en la que estos puedan vivir en paz, con los mismos derechos para todos.

9 de septiembre de 2026

España: la izquierda en el gobierno del capital

Regularización de los inmigrantes indocumentados, apoyo manifiesto a Palestina, oposición a Trump: el Gobierno de Pedro Sánchez en España pretende encarnar una izquierda capaz de combinar las reformas sociales con la resistencia a las corrientes reaccionarias. Si bien esta orientación contrasta efectivamente con la de muchos gobiernos occidentales, el «reformismo» de los socialistas españoles es del mismo tipo que el de otros partidos denominados socialistas o socialdemócratas en este comienzo del siglo XXI: salvo algunas medidas sociales, las reformas responden ante todo a las necesidades de la patronal.

Pedro Sánchez y su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), llegaron al poder en 2018, tras dejar en minoría al Gobierno del Partido Popular (PP), que encarnaba a una derecha heredera del franquismo y enemiga declarada de los trabajadores. Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), se llevaron a cabo importantes recortes presupuestarios en el ámbito social, se atacó masivamente el derecho laboral y se aprobaron leyes represivas, como la «ley mordaza», dirigida contra los movimientos sociales. El Gobierno de Rajoy sucedió a su vez a un Gobierno socialista —el de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011— que ya había comenzado a hacer que los trabajadores pagaran los platos rotos de la crisis mediante el retraso de la edad de jubilación, la supresión de ayudas sociales, una ley laboral que facilitaba los despidos, etc.

En la década de 2010 surgieron varios movimientos sociales para oponerse a las consecuencias de la crisis y a las políticas antiobreras aplicadas tanto por la izquierda como por la derecha. El más importante fue el del 15-M, conocido fuera de España como el de los Indignados, en 2011. Durante meses, jóvenes y menos jóvenes rebeldes se reunieron en las principales plazas de las ciudades del país, cuestionando el funcionamiento de una sociedad que solo sirve a los ricos.

Unos años más tarde, una nueva fuerza política canalizó ese descontento hacia las urnas imitando un eslogan del estadounidense Obama, « Yes we can », en español, « Podemos ». Su líder en aquel momento, Pablo Iglesias, apostaba por el rechazo al bipartidismo y retomaba el eslogan de las manifestaciones: «PSOE-PP, es la misma m…». Aunque Podemos e Iglesias se reivindicaban de los movimientos de protesta, para ellos el cambio debía proceder de las instituciones y de una nueva clase política que «hiciera política de otra manera». En realidad, cuanto más peso político ganaba Podemos, más garantías de responsabilidad ofrecían sus dirigentes a la burguesía al diluir su programa. Al no haber logrado nunca superar al PSOE, el partido acabó siendo la quinta rueda del carro en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, de 2020 a 2023. Posteriormente, fue otra encarnación de la izquierda radical, la plataforma «ciudadana» Sumar, la que ocupó ese lugar. Su líder, Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, sigue siendo vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

Podemos, Sumar y sus partidos satélites de la llamada izquierda radical siempre han justificado su presencia en el Gobierno con el pretexto de que obligaba al PSOE a llevar a cabo una política «verdaderamente de izquierdas». En realidad, han asumido los ataques contra los trabajadores impuestos al Gobierno por la burguesía, enfrentada a la crisis de su sistema, y han contribuido a hacerlos aceptables permitiendo que los sucesivos gobiernos de coalición se presentaran como los más progresistas de la historia.

A lo largo de estos ocho años, la política de los sucesivos gobiernos de Sánchez ha consistido en adoptar medidas «sociales» progresistas, siempre y cuando estas no pusieran en tela de juicio el parasitismo y la sed de lucro de los capitalistas y contribuyeran a que los trabajadores aceptaran la crisis. El gran mérito de Sánchez a ojos de la burguesía es haber logrado mantener este precario equilibrio… al menos mientras el agravamiento de la crisis no lo haga tambalearse.

La política social de Sánchez

La izquierda ha adoptado toda una serie de medidas en el ámbito social; entre ellas, el aumento del salario mínimo, que en España ha pasado de 735 euros brutos al mes en 2018 a 1 221 euros brutos en 2026. A ello se suman la creación de una renta mínima vital durante la pandemia, ayudas al transporte y a la cultura para los jóvenes, etc.

Bajo la presión de los movimientos feministas, que reunieron a millones de personas en manifestaciones a finales de la década de 2010 y hasta hace poco, se aprobó una legislación considerada una de las más progresistas del mundo. Las manifestaciones feministas habían invadido las calles tras el caso de « La Manada », una violación colectiva cometida en 2016 por un grupo organizado. Los culpables fueron condenados dos años más tarde a penas leves, ya que la ley no consideraba esta agresión como una violación porque la víctima estaba ebria. La ley impulsada por Podemos ha permitido, al menos, que, en teoría, sea imposible que se repita un veredicto de este tipo.

Sin embargo, estas políticas no han frenado el agravamiento de las dificultades sociales; es más, lo han acompañado. En relación con el coste de la vida, y en particular con el de la vivienda, el salario mínimo no permite vivir dignamente hoy en día, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, donde, de media, el 70 % del salario se destina al alquiler. El sector inmobiliario se ve especialmente afectado por la especulación.

Además, el aumento del salario mínimo no implica un aumento paralelo de los salarios, ni siquiera de los salarios más bajos. El salario mínimo solo afectaba al 3,5 % de los trabajadores a tiempo completo en 2018, frente al 12,7 % en 2024. Más aún que en Francia, el salario mínimo ha servido sobre todo para equiparar los salarios más bajos, que ahora se sitúan en el nivel mínimo.

El desempleo ha descendido hasta niveles comparables a los de antes de la crisis de 2008. Pero la contrapartida es que muchos trabajadores realizan más de 40 horas semanales, por un salario que apenas les permite sobrevivir, o incluso tienen que compaginar varios empleos. Gran parte de los puestos de trabajo creados son precarios; un ejemplo de ello es el sector de la hostelería y la restauración, que explota a muchos trabajadores temporales, sometidos a horarios fragmentados y con salarios insuficientes.

Incluso en lo que respecta a las políticas «sociales», las relaciones de dominación económica persisten. Mientras se ponen de relieve algunas medidas simbólicas, los grandes grupos españoles acumulan beneficios récord. Según el periódico El País, las empresas españolas nunca han ganado tanto dinero como en 2025¹. El banco Santander habría obtenido 14 000 millones de beneficios, seguido del banco BBVA (10 000 millones) y de la empresa energética Iberdrola (6 000 millones).

El tan alabado crecimiento económico español se basa sobre todo en los bajos salarios y en los beneficios de las reformas del Código Laboral heredadas de años anteriores, cuyos fundamentos no ha cuestionado el Gobierno de Sánchez. Los miles de millones de dinero público distribuidos en ayudas a las empresas, con el pretexto de la crisis sanitaria o de la guerra, también han contribuido en gran medida a ello, en detrimento de la educación y la sanidad, que se encuentran cada vez más deterioradas.

Una política migratoria cínica

La regularización de 500 000 personas indocumentadas anunciada en abril de 2026 se ha presentado como una medida humanitaria de gran importancia. Es evidente que podemos compartir el alivio de los miles de trabajadores a los que esta regularización permitirá, al menos durante un tiempo, alquilar legalmente un piso, dejar de temer a la policía y albergar la esperanza de conseguir un contrato de trabajo que les permita salir adelante. Pero se trata de algo temporal, ya que la «regularización» no es, en realidad, más que un permiso de trabajo de un año, que habrá que renovar demostrando que se ha cotizado a la Seguridad Social durante un número suficiente de meses.

Así, este permiso de trabajo temporal ofrece a los empresarios un medio de presión permanente sobre estos trabajadores, ya que quien no se muestre lo suficientemente sumiso corre el riesgo de volver a caer en la ilegalidad. Las organizaciones patronales, por otra parte, han aplaudido esta solución, ya que, en un país con una población que envejece, necesitan una mano de obra barata que tema perderlo todo. Miguel Pereira, asesor del sindicato de empresarios del transporte, se ha mostrado satisfecho con ello, ya que, según él, los migrantes «saben sacrificarse más»². En cualquier caso, estos trabajadores siguen estando a merced de cualquier cambio en la situación económica o política.

Si bien es cierto que, en una Europa en la que se multiplican los discursos antiinmigrantes y racistas, esta medida marca un cambio de tono, este humanitarismo del Gobierno de Sánchez es de geometría variable. La reacción del Gobierno ante la llegada de decenas de miles de migrantes al enclave de Ceuta desde Marruecos a finales de julio de 2026 fue reveladora. Para él, se trataba ante todo de defender «la integridad territorial de España»³, sin prestar apenas atención a los 147 fallecidos, ahogados al intentar sortear las estructuras de defensa instaladas en Ceuta por España desde hace décadas. Las Fuerzas Armadas españolas fueron enviadas de inmediato contra personas cuyo único delito era buscar una vida mejor. En realidad, la política migratoria de Sánchez es tan cínica como la de sus homólogos europeos. A cambio del reconocimiento de los derechos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez ha conseguido una estrecha colaboración con la policía marroquí para el control de las fronteras y la devolución de los migrantes. Es también su Gobierno el que financia en Mauritania la apertura de centros de detención destinados a encerrar a quienes desean llegar a Europa a través del archipiélago español de las Canarias⁴.

Un desarme político ante el auge de las ideas de extrema derecha

Ante el desgaste que le han supuesto sus ocho años en el poder, Pedro Sánchez intenta una vez más presentarse como un baluarte contra la extrema derecha para ganar las elecciones de 2027. Pero confiar en él para luchar contra el auge de las ideas reaccionarias sería un error, ya que ha sido precisamente bajo los gobiernos de izquierda cuando estas ideas han avanzado más.

De hecho, esta tendencia reaccionaria ya se refleja en los resultados electorales. Las últimas elecciones regionales, celebradas en otoño de 2025 en Extremadura y a principios de 2026 en Andalucía —una región tradicionalmente de izquierdas—, confirmaron el dominio del PP, la derecha tradicional surgida del franquismo, y un avance en los resultados de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace unos diez años. Vox reivindica aún más abiertamente el legado franquista y asume sin tapujos un discurso xenófobo, antifeminista y ultranacionalista, lo que le ha valido unos resultados electorales en alza, que actualmente rondan el 15 %. Ambos partidos, con la vista puesta en las elecciones generales (legislativas) de 2027, se enzarzan en una escalada de propuestas, defendiendo la memoria de los criminales de la Guerra Civil y de la dictadura. También proponen instaurar la preferencia nacional —un eslogan nuevo en España— para los servicios sociales y sanitarios, así como para la vivienda. En Ceuta, algunos de sus dirigentes no han ocultado su xenofobia asesina al proponer, por ejemplo, retirar a los agentes de policía la cámara individual que deben llevar consigo cuando intervienen para expulsar a los migrantes que permanecen en el enclave.

Estas ideas también se manifiestan a través del activismo de pequeños grupos que actúan de forma más abierta y libre, como los que se desplazaron a Ceuta para intentar movilizar a la población contra los extranjeros. En el verano de 2025, lograron desencadenar una caza de inmigrantes en Torre-Pacheco, una localidad del sur de España. Bastó con la agresión a una persona mayor para que militantes de extrema derecha acudieran en masa a esta región, dominada por grandes explotaciones agrícolas en las que trabajan numerosos marroquíes, y se lanzaran contra todos aquellos que les parecían extranjeros.

En este contexto, a la izquierda no le resulta difícil parecer progresista, ya que el programa de la derecha y de la extrema derecha es una declaración de guerra contra los trabajadores y, en particular, contra los más explotados: los migrantes. Pero incluso en este terreno, lo ocurrido en Ceuta en agosto pone de manifiesto los límites de los escasos principios progresistas de la izquierda. Al dejar que la situación se pudriera y bloquear a los migrantes a toda costa, el Gobierno ha allanado el camino para el desarrollo de ideas xenófobas que se expresan a través de manifestaciones de odio y agresiones colectivas (las llamadas cacerías).

En realidad, al hacer que los trabajadores paguen las consecuencias de la crisis, al tiempo que acompaña esta política con un puñado de medidas progresistas, el Gobierno de izquierdas se ha desacreditado ante muchos de ellos. Cada día son testigos del abismo que separa su optimismo aparente de las múltiples dificultades que tienen para trabajar y vivir. Este Gobierno también ha contribuido a desmovilizar a los trabajadores. Durante años, la ministra de Trabajo y miembro del Partido Comunista, Yolanda Díaz, ha defendido el supuesto «diálogo social». Bajo su mandato, los sindicatos nunca han tenido tanto acceso a los gabinetes ministeriales: al mismo tiempo, los grandes grupos veían cómo se multiplicaban sus beneficios y los trabajadores, cómo empeoraban sus condiciones laborales. Cuando los trabajadores se movilizaron en sus luchas, a menudo se encontraron frente al Gobierno, que se alineaba con los empresarios. Así ocurrió durante la huelga de los metalúrgicos de Cádiz en 2021: el Gobierno envió entonces a la policía y un vehículo blindado contra los manifestantes. Así ocurrió también en la huelga de Airbus, en julio, y posteriormente a partir de finales de agosto de 2026, en la que el Gobierno hizo valer su influencia en la comisión de conciliación para forzar la reincorporación al trabajo con el pretexto de que Airbus es una empresa «estratégica».⁵

El «¡No a la guerra!»

Desde hace unos años, Sánchez ha venido expresando una postura diferente en el ámbito internacional en lo que respecta a las políticas bélicas. Ha criticado la nueva guerra de Israel en Gaza y ha sido uno de los primeros en reconocer al Estado de Palestina, en contra de la voluntad de Estados Unidos e Israel. Posteriormente, el Gobierno prohibió la venta de armas a Israel, criticó la intervención en Irán y rechazó la participación de España en Eurovisión junto a Israel, para estar, como él mismo dice, «del lado correcto de la Historia»⁶.

El pasado 18 de abril, Pedro Sánchez organizó en Barcelona, en el marco de la Internacional Socialista, de la que es presidente, una concentración internacional bajo el nombre de «Global Progressive Mobilisation». El objetivo era presentarse como un polo anti-Trump, una alternativa progresista al «movimiento reaccionario internacional» que representan Meloni, Trump y Netanyahu. Estuvieron presentes Petro, por Colombia, Lula, por Brasil, así como otros dirigentes latinoamericanos. Este encuentro les permitió hacer grandes declaraciones sobre la paz mundial y la democracia, y presentar el respeto al derecho internacional y a instituciones como la ONU como el medio para oponerse a las guerras de Trump.

Es cierto que esto contrasta con la actitud de otros líderes europeos, incluidos los socialistas, que se arrodillan ante Trump y Netanyahu. En consecuencia, en el clima político español resulta más fácil denunciar públicamente el genocidio que se está produciendo en Palestina, nombrar las masacres sin sufrir un ataque sistemático por parte de los políticos y los grandes medios de comunicación, o incluso penas de cárcel (con suspensión de la condena) para los activistas sindicales, como ha podido ocurrir en Francia.

De hecho, Sánchez tiene en cuenta a su electorado y la tradición pacifista tan presente en la izquierda española. Esta tradición se remonta a los años 80, cuando España se adhirió a la OTAN, y sobre todo a 2003, cuando el Gobierno de Aznar se unió a la coalición impulsada por Bush para invadir Irak, acusado de poseer armas de destrucción masiva, acusación inventada de la nada. En aquel entonces se celebraron manifestaciones gigantescas, que reunieron a varios millones de personas al grito de «¡No a la guerra!» en todas las grandes ciudades españolas. Los manifestantes rechazaban tanto la participación en la guerra como la presencia de varias bases militares de la OTAN en territorio español. Son precisamente esas mismas bases cuyo uso Sánchez niega al ejército estadounidense para su guerra contra Irán.

La defensa del orden imperialista

Sin embargo, estas medidas del presidente del Gobierno español siguen siendo meramente simbólicas y no cuestionan en absoluto la defensa del orden imperialista. En un artículo de opinión publicado en Le Monde diplomatique el pasado mes de abril, Pedro Sánchez se presenta como «el anti-Trump», oponiéndose a la política de Estados Unidos en nombre de la legalidad internacional y recurriendo a la ONU, que habría contribuido «en estos últimos setenta y cinco años […] a crear el periodo más estable y próspero de la historia de la humanidad». Como si los ejércitos de los países ricos no hubieran sembrado el caos y la destrucción en regiones enteras durante esos setenta y cinco años para saquear los recursos y acaparar los mercados. España ha participado en esas guerras en función de sus intereses, como en Afganistán hasta 2021, junto a Estados Unidos, Francia y otros países.

Sánchez apoyó a las grandes potencias imperialistas a la hora de aislar a Venezuela e imponer sanciones, cuyas primeras víctimas se encuentran en la población. España acogió con los brazos abiertos a los opositores a Maduro y, cuando Estados Unidos lanzó su operación militar en 2025-2026, las críticas de Sánchez no impidieron que, entre las empresas que se benefician de las nuevas concesiones para explotar el petróleo venezolano, se encontrara el grupo español Repsol.

En cuanto a la guerra en Ucrania, el Gobierno español se ha erigido como uno de los más fervientes defensores de la OTAN; ha enviado armas y dinero al Estado ucraniano, pisoteando cierta tradición nacional de oposición al atlantismo. El presupuesto militar se ha triplicado en seis años, hasta alcanzar la cifra más alta de la historia reciente, y sigue aumentando. Por último, España es también uno de los principales exportadores de armas del mundo; es cierto que muy por detrás de Estados Unidos y Francia, pero ocupa, no obstante, el noveno puesto (con una población que se sitúa en el puesto número treinta); sus ventas han aumentado un 30 % desde 2018. España cuenta además con algunas empresas líderes en el sector del armamento: Airbus Military en aviones, Navantia en buques de guerra —que se exportan, entre otros destinos, a Arabia Saudí— e Indra en sistemas electrónicos utilizados en la vigilancia y el combate. España puede parecer menos propensa frente a las políticas belicistas de muchos países europeos que preparan abiertamente a su población para la guerra. No obstante, el Gobierno de Sánchez también está preparandose para tal eventualidad y ha demostrado que es capaz de movilizar al ejército, aunque sobre todo contra las poblaciones pobres.

La causa de los pueblos, un pose

A menudo se cita a Sánchez como ejemplo de uno de los defensores de la causa palestina. Pero el pueblo palestino no puede esperar ninguna ayuda real por su parte.

La clase obrera española ya ha pagado muy caro el hecho de confiar en gobiernos que se autodenominaban amigos. En 1936, mientras los trabajadores españoles luchaban contra las tropas franquistas, los partidos socialista y comunista les obligaron a posponer la revolución y a depositar sus esperanzas en una intervención de las democracias de Francia e Inglaterra, que nunca llegó, ya que esos gobiernos temían más a la clase obrera que a Franco. Mientras Hitler y Mussolini ayudaban a Franco, en Francia, Léon Blum y el Frente Popular proponían una convención internacional de paz y un embargo de armas, que fueron los únicos en aplicar.

El apoyo de Sánchez a Palestina es del mismo tipo. Sus declaraciones simbólicas pueden resultar reconfortantes, pero no están exentas de hipocresía. Si bien España ha dejado oficialmente de exportar armas a Israel, no hay que fijarse demasiado en los detalles. La industria armamentística está tan integrada a nivel mundial que siempre existen colaboraciones entre empresas españolas e israelíes en materia de componentes y tecnologías de armamento o de vigilancia masiva. Muchos de los contratos militares ya firmados se cumplen en nombre del derecho burgués, que, por su parte, es todo menos simbólico.

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En realidad, Sánchez no es más que el heredero de la larga historia de una izquierda que siempre ha utilizado su credibilidad entre las clases populares para hacer aceptar la continuidad del sistema capitalista y todas sus catástrofes. Cuando, al final del franquismo, en los años 70, el problema de la burguesía española era pasar sin contratiempos de la dictadura franquista a una monarquía parlamentaria, su mejor baza frente a una combatividad obrera ampliamente manifestada fue la actitud de los partidos de izquierda. Durante ese periodo que se ha denominado la Transición, hicieron todo lo posible por canalizar las huelgas y las manifestaciones y negociar con el aparato estatal franquista, que solo había cambiado de gobierno. Las organizaciones sindicales, algunas de las cuales habían llevado a cabo luchas decididas desde la ilegalidad, se transformaron entonces rápidamente, al igual que en otros países, en gestoras de un supuesto diálogo social.

Las próximas elecciones no pondrán en tela de juicio la evolución catastrófica del capitalismo, ni en España ni en ningún otro lugar. Una victoria de la derecha, que podría aliarse con la extrema derecha, reflejaría políticamente la evolución reaccionaria de la sociedad. Sin duda, esto conlleva una serie de peligros para la clase obrera española, pero sería un error considerar que esta izquierda de gobierno pudiera ser un baluarte contra tal evolución. Noventa años después de julio de 1936, hay que recordar que cuando los trabajadores españoles pusieron en jaque el golpe de Estado de los generales, lo hicieron con medios revolucionarios.

5 de septiembre de 2026

Cuba asfixiada por el imperialismo estadounidense

Desde enero de 2026, Cuba se ve empujada al abismo por el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estos, en nombre de la libertad de los cubanos, les hacen padecer hambre y los privan de energía, agua, transporte y asistencia sanitaria. ¿Por qué el imperialismo estadounidense ataca a una isla pobre que no supone ninguna amenaza para él? La ofensiva actual prolonga 67 años de hostilidad hacia la revolución cubana. También forma parte de la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo la potencia dominante en el mundo, sobre todo ante el auge de China. Este artículo repasa las consecuencias y los fundamentos de esta ofensiva.

El pasado 4 de enero, al día siguiente de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, Trump declaró que Cuba estaba «a punto de caer». El golpe de fuerza en Venezuela, destinado a imponer un régimen a sus órdenes, servía también de advertencia a los Estados que se niegan a alinearse con Washington, en particular en su patio trasero latinoamericano y caribeño. A partir de ahora, proclamaba Trump: «El dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental nunca más se pondrá en duda. » El régimen cubano, que ha roto con ese dominio más que ningún otro en la región, fue señalado como el próximo blanco.

La imposición de la tutela sobre Venezuela privó inmediatamente a Cuba de su principal fuente exterior de petróleo. Posteriormente, las amenazas estadounidenses de imponer aranceles adicionales a otros proveedores, en particular a México, que le aprovicionaba a través de su empresa Pemex, acabaron por imponer a Cuba un bloqueo petrolero casi total.

La presión también es militar: medios navales y aéreos en el Caribe, vuelos de vigilancia y escenarios de intervención mencionados públicamente. No se descarta el uso de la fuerza. Pero si Pemex, los grupos hoteleros españoles o armadores como la francesa CMA CGM cesan sus operaciones en Cuba, es por temor a las sanciones y a perder el acceso al mercado o al sistema financiero de Estados Unidos. Ahí reside, ante todo, el poder del imperialismo estadounidense, capaz de imponer su ley mucho más allá de sus fronteras.

De este modo, Cuba se ve asfixiada. Antes del bloqueo, su producción petrolera solo cubría el 40 % de sus necesidades. Washington solo autorizó a un único petrolero ruso, en marzo, a entregar el equivalente a una docena de días de consumo. Estados Unidos también decide qué empresas pueden introducir y utilizar petróleo en Cuba. Estos volúmenes importados de Estados Unidos, escasos en relación con las necesidades, alimentan un mercado privado inaccesible para la mayoría, dado que los precios se han disparado.

Para la población cubana, las consecuencias son dramáticas

Para una minoría de especuladores e intermediarios, el bloqueo se convierte en un buen negocio; para la mayoría de los cubanos, es una catástrofe. La interrupción de los suministros de hidrocarburos ha afectado a una red eléctrica agotada, con centrales termoeléctricas obsoletas y propensas a averías frecuentes. Desde principios de 2026, Cuba ha sufrido seis apagones nacionales, cuatro de ellos en julio y agosto. Aparte de estos colapsos, los cortes son crónicos y masivos: entre 20 y 22 horas al día, o incluso varios días seguidos.

Sin petróleo ni electricidad, toda la vida se ve trastornada. Las compañías aéreas han cancelado la mayor parte de los vuelos, lo que ha acabado de arruinar el turismo y los ingresos en divisas necesarios para las importaciones. Las bombas de agua, los camiones cisterna, los tractores, las cámaras frigoríficas y el transporte público están paralizados. La basura se acumula en las calles. Los hospitales ahorran el gasóleo de sus generadores, cancelan operaciones y tratamientos, y tienen que prescindir de respiradores y otros equipos dañados por los cortes. En el campo, las cosechas se pierden por falta de riego o se pudren en el campo por falta de transporte.

Así, para muchos cubanos, comer solo una vez al día se ha convertido en algo habitual. En el hospital, es habitual arriesgar la vida debido a los cortes de electricidad o a la escasez de medicamentos y material básico, que a menudo deben aportar los propios enfermos.

Washington lo sabe perfectamente. En abril de 1960, Lester Mallory, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Interamericanos, ya insistía en que «se pusieran en marcha rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba» con el fin de «reducir los salarios» y «provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno». Asfixiar a la población para acabar con un régimen considerado contrario a sus intereses: ese es el método político de Estados Unidos contra Cuba.

Antes de 1959, Cuba bajo el yugo de Estados Unidos

Numerosos capitalistas estadounidenses, tanto pequeños como grandes, del sector agroalimentario, inmobiliario y turístico, dirigen su mirada hacia Cuba, entre ellos esos burgueses de Florida que, procedentes del exilio cubano, se imaginan regresando a la isla como héroes, siempre y cuando puedan llevarse el premio gordo. Pero no es principalmente por posibles negocios por lo que Cuba, una isla pobre con recursos limitados, está en el punto de mira. Es porque, desde 1959, ha escapado al dominio del imperialismo estadounidense y ha resistido todos sus intentos de volver a someterla.

Esa tutela venía de lejos. En 1898, la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia cubana contra España —ya en nombre de «la libertad del mundo» contra «la tiranía»— culminó con la ocupación militar de la isla. Posteriormente, la Enmienda Platt, impuesta a la Constitución cubana de 1901, otorgó a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba, le garantizó el uso de bases navales en la isla, entre ellas Guantánamo, y le permitió controlar las decisiones del Gobierno cubano en materia de deuda y de tratados internacionales.

Estados Unidos extendió su dominio no solo a la economía azucarera, sino también a las tierras, las minas, la electricidad, la banca y el transporte. La derogación de la enmienda Platt en 1934 no cambió nada al respecto. Hasta su derrocamiento en 1959, Fulgencio Batista dirigió un país transformado en una semicolonia del capital financiero de Estados Unidos. Esta dependencia determinó la forma del Estado cubano: una dictadura policial brutal, corrupta y al servicio de los intereses de sus amos capitalistas estadounidenses.

La afrenta de la revolución castrista

El 1 de enero de 1959, la guerrilla de Fidel Castro derrocó a Batista, odiado por todos. El programa de Castro no tenía nada de socialista: reforma agraria, libertades políticas, desarrollo económico e independencia nacional. Una vez en el poder, Castro buscó en un primer momento un acuerdo con Estados Unidos. Pero la intransigencia del gobierno estadounidense hizo que el nuevo poder se radicalizara. Ya en marzo de 1960, la CIA puso en marcha un programa secreto destinado a derrocar al régimen, mientras que el dominio del capital estadounidense se utilizaba para paralizar Cuba. Pero Castro no cedió. La escalada le llevó a tomar las medidas necesarias para defender la independencia de la isla: se nacionalizaron las propiedades estadounidenses y, posteriormente, se expropió en su mayor parte a la burguesía cubana que ya se había exiliado en gran medida con su capital a Estados Unidos.

La revolución, que contó con un amplio apoyo popular, permitió llevar a cabo transformaciones de gran envergadura. La reforma agraria puso fin a las grandes fincas. Se erradicó el analfabetismo. Cuba se convirtió en uno de los países con menos desigualdades de América: se garantizó la alimentación básica y los niveles de educación y salud llegaron a ser comparables a los de los países ricos.

Para Estados Unidos, el delito de Cuba no residía en primer lugar en las expropiaciones ni en la alianza con la URSS, que no se produjeron hasta más tarde. Lo intolerable era la propia revolución y su inmenso impacto. En una América Latina y un Caribe sumidos en la miseria, donde numerosas dictaduras contaban con el apoyo de Estados Unidos, había derrocado al sanguinario Batista. Había demostrado a millones de oprimidos que era posible levantar la cabeza, recuperar su dignidad, plantar cara al imperialismo y, al romper con su saqueo directo, escapar en parte a las consecuencias de la miseria.

Estados Unidos nunca lo aceptaría. Invasiones, sabotajes, embargos, sanciones, aislamiento diplomático o aperturas limitadas: los métodos han variado, pero el objetivo de volver a someter a Cuba a su tutela se ha mantenido. La política de Trump se inscribe en ese legado, caracterizado por restricciones brutales y regateos, contra una sociedad cubana debilitada desde hace mucho tiempo.

Una revolución de liberación nacional

La revolución cubana no fue ni obrera ni socialista. La guerrilla castrista estaba dirigida por jóvenes intelectuales nacionalistas radicales, que contaban con el apoyo del campesinado pobre. La clase obrera nunca se presentó como una fuerza política independiente, una posibilidad contra la que Castro y los suyos siempre trataron de protegerse. El Estado surgido de la revolución era un Estado burgués, capaz de oponerse al imperialismo, pero sustraído al control de los trabajadores y las masas pobres. Las nacionalizaciones no cambiaron esta naturaleza. La concentración de la economía en manos del Estado solo le proporcionó los medios para suplir la incapacidad de la burguesía local y hacer frente al imperialismo.

Castro esperó más de dos años tras la caída de Batista para proclamar la revolución «socialista» y declararse «marxista-leninista». La ideología estalinista del «socialismo en un solo país» se ajustaba a un régimen que buscaba preservar la independencia de su Estado. Para lograrlo, fue decisiva la existencia de la URSS, que intercambiaba sus hidrocarburos por azúcar cubano en condiciones ventajosas. Pero Cuba no dejaba de ser rehén de las relaciones de poder entre las grandes potencias. Así lo demostró la crisis de los misiles de 1962 y, sobre todo, su resolución, en la que Cuba no tuvo voz ni voto.

Desde el «período especial», el resurgimiento del mercado

El colapso de la URSS en 1991 marcó el inicio de una nueva etapa. La desaparición del petróleo, los créditos, los mercados y los productos del bloque soviético hizo que desaparecieran algunas de las condiciones indispensables que habían permitido a la población cubana vivir, si no siempre bien, al menos mejor que en la mayoría de los países de la región. Desde piezas de recambio hasta productos de consumo cotidiano, ahora faltaba de todo. Esos años, conocidos como el «período especial», fueron terribles.

El régimen, que seguía sometido al embargo estadounidense, intentó sobrevivir orientándose cada vez más hacia el mercado mundial: la legalización del dólar, el desarrollo del turismo y la creación de empresas conjuntas con capital extranjero fueron el precio que hubo que pagar. El turismo y, cada vez más, la venta de servicios médicos al extranjero, aportaron la mayor parte de las divisas que evitaron el colapso total; a ello se sumó, a partir del año 2000, el apoyo que supusieron los suministros de petróleo venezolano en condiciones favorables.

Pero estas medidas generaron desigualdades sociales entre quienes tenían acceso a los dólares (a través de transferencias del extranjero, de vínculos con el turismo o de empresas mixtas) y quienes solo disponían de sus salarios o pensiones pagados en pesos cubanos, cuyo valor relativo no ha dejado de disminuir.

Bajo el mandato de Raúl Castro en la década de 2010, y más aún tras el colapso del turismo durante la crisis de la COVID-19, el régimen relanzó y profundizó las reformas en la misma línea, con los mismos efectos sociales, ampliando aún más el papel del sector privado y de las inversiones extranjeras. En 2021 se legalizaron las empresas privadas, que entonces tenían un límite de 100 empleados. Hoy en día hay más de 15 000, y el sector privado emplea ya a un tercio de los trabajadores.

Los trabajadores pagan, una minoría se enriquece

Al tiempo que favorece a la pequeña y mediana burguesía, el régimen hace recaer sobre los trabajadores la mayor parte del peso del embargo y de sus reformas: supresión de cientos de miles de puestos de trabajo públicos, deterioro brutal del sistema sanitario, colapso de la producción agrícola, inflación (oficialmente un +21 % en los últimos doce meses, aunque sin duda se sitúe más bien entre el +60 % y el +70 %). Desde 2018, la mortalidad infantil, que entonces era comparable a la de Francia, se ha multiplicado por 2,5. Cuba importa ahora cerca del 80 % de sus alimentos, incluido el azúcar, desde Estados Unidos. La canasta básica universal de racionamiento, que pronto se suprimirá, resulta desde hace tiempo irrisoria, una situación agravada por la intensificación de los desvíos hacia el mercado negro, los restaurantes privados y el consumo turístico.

La dolarización agrava aún más las desigualdades. Las tiendas privadas o reservadas a las compras en dólares ofrecen productos que no se encuentran en ningún otro sitio, pero quedan fuera del alcance de los trabajadores a los que se les paga en pesos. Un sueldo mensual del Estado ya solo da para comprar entre dos y tres docenas de huevos. Por eso, al igual que muchos otros trabajadores del sector público, decenas de miles de profesionales sanitarios han abandonado los hospitales. Algunos se han orientado hacia actividades privadas mejor remuneradas, como taxistas o propietarios de cafeterías. Otros se exilian: entre uno y dos millones de cubanos en cinco años, lo que supone entre el 10 % y el 20 % de la población.

Al mismo tiempo, las reformas han puesto de manifiesto la existencia de una minoría de empresarios, importadores y poseedores de dólares que viven cómodamente. Hay comercios privados que ofrecen foie gras importado de Francia o ternera de Kobe a 200 dólares el kilo; las camionetas Toyota de 50 000 dólares encuentran compradores. Este medio no está separado de las altas esferas del Estado. A menudo, estos nuevos ricos proceden del círculo cercano de los altos dirigentes; las infraestructuras de los grupos públicos resultan muy útiles para los negocios familiares. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, uno de los interlocutores de Washington desde febrero, es conocido por su gusto por lo ostentoso y las marcas de lujo. El igualitarismo social que había distinguido a Cuba de otros países pobres de la región es cosa del pasado.

¿Hacia dónde se dirige el régimen cubano?

Bajo la presión estadounidense y la de la crisis, el régimen acelera por una vía que ya se había abierto hace tiempo. En junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 medidas destinadas a ampliar el papel del capital privado, entre las que se incluyen el fin del monopolio estatal del comercio exterior y una mayor apertura al capital cubano y extranjero en las empresas públicas, que podrían ser privatizadas o desmanteladas. Ya en julio se abrieron a estos sectores esenciales: gasolineras, puertos, farmacias, residencias de ancianos, recogida de residuos, energía o actividades mineras y petroleras.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, invoca los modelos chino y vietnamita, siempre en nombre del socialismo. En realidad, no se trata ni de avanzar hacia el socialismo ni de alejarse de él. Al tiempo que conserva el monopolio del poder político, el régimen pretende favorecer la acumulación capitalista privada, a costa de los trabajadores. Busca un compromiso con Washington que le permita preservar su papel en el reparto entre altos burócratas, nueva burguesía y capitales extranjeros. A finales de agosto, Díaz-Canel afirmaba que el diálogo estaba estancado, pero la presión estadounidense empuja al régimen hacia la vía del acuerdo. El bloqueo y las sanciones afectan con mayor dureza a la población, pero también agotan los ingresos en divisas del Estado y de GAESA, el conglomerado controlado por el ejército que concentra los sectores más rentables — hoteles, puertos, comercios, bancos y el control de divisas— de una economía prácticamente paralizada.

La base social del régimen también se ha reducido considerablemente. Las manifestaciones de julio de 2021, seguidas de unas 1 500 detenciones, así como las concentraciones de protesta —aún dispersas pero repetidas— que se han producido desde la primavera, demuestran que es posible que se produzca una explosión de ira. A falta de una organización política proletaria, esta ira podría manifestarse en forma de movimientos del tipo : "que se vayan todos" y correría el riesgo de ser explotada por círculos de la oposición que se autodenominan liberales y demócratas. Estos, sin tener aún una presencia real en la sociedad, se han desarrollado en el entorno de los nuevos ricos de La Habana, especialmente entre los intelectuales y artistas que tienen acceso a ese círculo. En tal caso, también podrían ofrecer nuevos interlocutores a Estados Unidos.

Pero las relaciones de poder que determinan el futuro de Cuba van mucho más allá de la isla: forman parte de la voluntad del imperialismo estadounidense de reafirmar su dominio sobre «el hemisferio occidental».

Cuba, en medio de una ofensiva que la desborda

Tras la desaparición de la URSS, América Latina y el Caribe habían perdido importancia en las prioridades de Estados Unidos, que se centraban en Oriente Medio, Europa del Este y Asia. Estados Unidos, que había multiplicado sus intervenciones militares en América Latina hasta la de Haití en 1994, no había llevado a cabo ninguna operación comparable en la región, salvo en Haití, antes de los ataques aéreos de 2025 en el Caribe y la posterior captura de Maduro. El continente volvió a ocupar un lugar destacado entre sus preocupaciones debido a la creciente competencia de China, que se había convertido en uno de los principales socios comerciales de la mayoría de los países de la región, y en el primero de siete de ellos. El capital estadounidense sigue siendo ampliamente dominante, pero las empresas chinas han adquirido posiciones en puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones y minerales, lo que otorga a los gobiernos de esos países un margen de maniobra que Estados Unidos quiere reducir. La Estrategia de Seguridad Nacional publicada a finales de 2025 establece así el objetivo de «restablecer la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» y actualiza la doctrina Monroe: Estados Unidos reivindica su coto privado, esta vez frente a China. El bloqueo a Cuba, la captura de Maduro, los ataques en el Caribe, las presiones sobre Panamá y México, y los esfuerzos por expulsar a las empresas chinas de las infraestructuras estratégicas forman parte de una misma política. Trump no la ha inventado, sino que la expresa con la brutalidad que exige hoy en día la defensa de la supremacía estadounidense.

Washington también ha favorecido a los líderes de derecha y de extrema derecha que, como Javier Milei en Argentina, han ganado doce de las últimas quince elecciones presidenciales en América Latina, y ahora querría sacar partido de ello. En marzo, en la cumbre «Shield of the Americas» (Escudo de las Américas), Trump dejó claro el grado de subordinación que pretende imponerles. Pero ni siquiera Milei tiene prisa por sacrificar unas relaciones provechosas con China, sobre todo en el sector del litio. También está en juego el control de los recursos y las cadenas de suministro. Además del petróleo de Venezuela, la región cuenta con algunas de las mayores reservas de cobre, litio, níquel y, en Cuba, de cobalto, metales indispensables para las baterías, los centros de datos, las redes, la aeronáutica y el armamento moderno.

¿Hacia el restablecimiento de la tutela de Estados Unidos?

Mientras ejerce y acentúa la presión económica y militar, Estados Unidos busca lograr una victoria política en Cuba. En agosto, la CIA aumentó los recursos que dedica a explotar las divisiones dentro del Estado cubano. Lo ideal para Washington sería encontrar dentro del régimen a alguien equivalente a Delcy Rodríguez, hasta hace poco la número dos de Maduro y ahora presidenta interina y representante de Estados Unidos en Venezuela.

Por su parte, los capitalistas estadounidenses están empezando a posicionarse. En mayo, las sanciones estadounidenses obligaron al grupo canadiense Sherritt a suspender, tras 32 años, su participación en la explotación de las minas de níquel y cobalto de Moa, al este de Cuba. Ahora, capitales vinculados a Estados Unidos —y, en particular, a un allegado de Trump, Ray Washburne— se disputan sus activos. Las sanciones también sirven para expulsar a los competidores y preparar un nuevo reparto. No hace falta una nueva enmienda Platt: los capitalistas estadounidenses, protegidos por su Estado, sabrán hacerse con lo que consideren rentable. Para algunos burócratas de alto rango y nuevos burgueses cubanos, socios o posibles intermediarios, tal desenlace resultaría prometedor.

Para los trabajadores y las masas populares de Cuba, no cabe esperar ni libertad ni prosperidad. Ocurriría lo mismo que en el resto de América Latina y el Caribe, donde la dominación imperialista siempre significa miseria, desigualdades vertiginosas, violencia de los cárteles y de los Estados, y el éxodo cada año de millones de personas. Incluso Puerto Rico, a pesar de ser territorio de Estados Unidos desde su conquista en 1898, sufre cortes repetidos de agua y electricidad, tras décadas de falta de inversión.

Si Estados Unidos lograra su objetivo, acabaría de liquidar una parte de lo que el carácter popular y radical de la revolución cubana había permitido conquistar. La sanidad, la educación y el resto de servicios estatales se encuentran hoy muy deteriorados, pero su organización a escala insular, el alto nivel de formación de muchos trabajadores y el principio de acceso para todos siguen constituyendo una base para el progreso. Su carácter estatal nunca ha dado lugar al socialismo, pero su desmantelamiento en beneficio del mercado supondría un retroceso.

Así pues, el régimen surgido de la revolución castrista nunca ha estado tan cerca de convertirse en su sepulturero. Siguen siendo posibles diferentes combinaciones y el desenlace es incierto. Pero, incluso sin eso, para la población, lo peor quizá esté aún por llegar. Al prolongar un bloqueo que ya está matando de hambre y causando muertes, Estados Unidos está dispuesto a arriesgarse al colapso total de Cuba, sin descartar posibles ataques, bombardeos o incluso una invasión militar, lo que provocaría un caos sangriento. En cualquier caso, el imperialismo ha demostrado en numerosas ocasiones que tales catástrofes no lo detiene.

Cuba, una nueva advertencia

Sin embargo, lo que está en juego va más allá del destino de la isla. Tras Venezuela, lograr que Cuba —que ha resistido a trece presidentes estadounidenses— ceda serviría como una nueva advertencia para todo el continente. Un éxito, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, también ofrecería al Gobierno de Estados Unidos la oportunidad de reforzar la idea de que, a pesar del desastroso resultado de su intervención en Irán, su agresividad da sus frutos.

La campaña del Gobierno estadounidense que presenta a Cuba como «una amenaza extraordinaria» también sirve para justificarla. Se acusa a la isla de dar cobijo al espionaje chino y ruso, de estrechar lazos militares con Irán, de apoyar el terrorismo, de mantener una amplia red de influencia en el seno de la izquierda estadounidense y de ser «la capital del comunismo del siglo XXI». Cuba estaría incluso vinculada a las movilizaciones contra la policía de inmigración estadounidense, el ICE, que hicieron retroceder a la Administración Trump en Minneapolis a principios de año. Una isla arruinada se transforma en un peligro interno para justificar el uso de la fuerza en el exterior y señalar como enemigos a quienes cuestionan la política de Estados Unidos.

Así, la política interior y la internacional se endurecen simultáneamente, como consecuencia de una misma ofensiva del imperialismo estadounidense a escala mundial para mantener su supremacía. Porque, aunque Estados Unidos sigue siendo dominante, ve cómo China avanza. La guerra comercial, las sanciones, el control de las materias primas y las vías de transporte, el rearme y las intervenciones militares son formas de esta ofensiva, y la dirigida contra Cuba forma parte de ella.

Los comunistas revolucionarios no pueden sino desear que fracase la ofensiva del imperialismo estadounidense contra Cuba. Esto no implica ningún apoyo político al régimen cubano. La revolución de 1959 demostró que una población pobre podía derrocar una dictadura protegida por la primera potencia mundial y lograr profundas transformaciones. Su historia muestra también los límites de una revolución que se quedó en el terreno del nacionalismo burgués, de la que la clase obrera nunca tomó las riendas.

El futuro aún está por escribir y la última palabra no la tendrán ni Trump ni los herederos de Castro. Los trabajadores y las masas pobres de Cuba han demostrado de qué recursos son capaces. Hay que sacar las lecciones de la revolución cubana. Esta logró romper la tutela directa de Estados Unidos, pero un país pequeño y pobre no podía ponerse al nivel de los Estados que concentran el capital, la industria, la tecnología y las finanzas. Una revolución obrera también se habría topado con estos límites, pero no habría hecho del desarrollo nacional su horizonte, ni habría buscado su lugar en el orden imperialista. Habría buscado la salida en la extensión internacional de la revolución, haciendo todo lo posible por apoyarse en la clase obrera del Caribe, de América Latina y de Estados Unidos. Ni Castro ni siquiera Guevara siguieron ese camino. Su política nacionalista radical llevó a la revolución cubana a un callejón sin salida. Para ir hasta el final de la lucha contra el imperialismo, la clase obrera debe tomar ella misma el poder e integrar su lucha en la de los trabajadores de todos los países para derribar este sistema internacional de opresión. Porque solo a esa escala puede abrirse un camino hacia el socialismo.

1 de septiembre de 2026