Tras la crisis política, la guerra social

La caída del Gobierno de Bayrou, al que el 8 de septiembre 364 diputados, entre ellos algunos del grupo LR que formaban parte de su «base común», negaron su confianza, es un nuevo episodio de la crisis política que se prolonga desde la reelección de Macron en el Elíseo en 2022. Si bien la disolución de junio de 2024, con todas las maniobras políticas que la acompañaron, agravó esta crisis al fragmentar la Asamblea Nacional en varios bloques rivales, ninguno de los cuales tiene mayoría, esta ilustra una crisis más profunda de la democracia burguesa en un período en el que el sistema capitalista se ha vuelto senil.

Apenas expulsado Bayrou, Macron lo sustituyó por Sébastien Lecornu, exministro de Defensa, fiel macronista procedente de la derecha, con la misión de formar un gobierno capaz de conseguir la aprobación por la Asamblea Nacional del presupuesto de 2026 sin ser censurado inmediatamente. Con este nombramiento, Macron afirma con arrogancia el mantenimiento de su línea política, que consiste en defender los intereses de la clase capitalista poniendo a su disposición las arcas del Estado, reduciendo la parte de la riqueza que corresponde, de una forma u otra, a las clases populares y facilitando por todos los medios la explotación de los trabajadores. Lecornu tendrá la responsabilidad de encontrar una forma de presentar su presupuesto que le permita obtener la neutralidad, si no el apoyo, del PS, dispuesto a muchas contorsiones, o del RN, dividido entre su base «rechazadora» y su búsqueda de respetabilidad ante los grandes empresarios.

Salvaguardar los beneficios patronales a expensas de la clase trabajadora

En este sistema capitalista en crisis, donde la competencia es cada vez más feroz, los beneficios de las grandes empresas solo pueden salvaguardarse si el Estado les proporciona ayuda, lo que implica recortar los presupuestos de los hospitales, la Seguridad Social, las administraciones locales, etcétera. Estas fueron las exigencias formuladas por el presidente de la patronal francesa Medef al día siguiente del acuerdo alcanzado el 27 de julio entre Trump y Von der Leyen, que fijaba en un 15 % los aranceles sobre los productos europeos exportados a Estados Unidos. Esta era la base del plan Bayrou, que preveía recortes presupuestarios por valor de 44 000 millones de euros que habrían recaído íntegramente sobre las clases populares.

En el fondo, esta política se mantendrá independientemente del próximo gobierno e incluso de la mayoría que pueda salir de las urnas si Macron, en caso de fracaso de Lecornu, se viera finalmente obligado a disolver de nuevo la Asamblea Nacional. Esta política sería, por supuesto, la del RN, que acaba de enviar una Carta a los empresarios de Francia en la que les promete recortes presupuestarios por valor de 100 000 millones de euros, la supresión de cientos de miles de puestos de funcionarios y un «choque fiscal positivo», es decir, nuevas exenciones fiscales. Pero también la llevaría a cabo un posible gobierno de partidos de izquierda. Si hoy pretenden gravar un poco a los ricos, sabemos que mañana se postrarán ante ellos, como han hecho cada vez que han llegado al poder.

Todos los diputados de la Asamblea Nacional, incluidos los de LFI y RN, juran defender el interés nacional, es decir, los intereses de la clase capitalista que domina la sociedad. La mayoría de los partidos acudieron respetuosamente a manifestar su comprensión de los intereses de la patronal durante las jornadas organizadas por el Medef, los días 17 y 28 de agosto. Cuando no han gobernado juntos, cuando no han pertenecido, en un momento u otro, al mismo partido, estos políticos se han sucedido en el poder, unos completando las medidas iniciadas por los otros.

No son sus convicciones las que impiden a los distintos partidos formar una gran coalición para aplicar, juntos, la política que reclama la burguesía, algo que lamentan los comentaristas que comparan la situación con la de otros países. Son los pequeños cálculos a corto plazo de unos y otros, sus rivalidades con vistas a las elecciones presidenciales de 2027 o a nuevas elecciones legislativas anticipadas, lo que les ha llevado a censurar a Bayrou y lo que les llevará a apoyar, o por el contrario a obstaculizar, a Lecornu.

A ojos de los empresarios, que denuncian una vez más la «inestabilidad» y la «incertidumbre» perjudiciales para los negocios y el aplazamiento de las reformas y la aplicación de las leyes que esperan, los dirigentes políticos, con Macron a la cabeza, son irresponsables. Esta irresponsabilidad, o al menos esta incapacidad para gestionar la situación con la eficacia que desearían los empresarios, no es solo consecuencia del obstinado egocentrismo de Bayrou o de la «psiquis de Macron», por retomar una expresión del diario Le Parisien del 8 de septiembre. Es, en parte, consecuencia del sistema político que se ha establecido en Francia, a lo largo de crisis y guerras, que otorga un papel predominante al presidente de la República o al ostracismo de la extrema derecha durante varias décadas. Es, sobre todo, consecuencia del estancamiento en el que se encuentra el sistema parlamentario en este período de profunda crisis económica. Para que la democracia burguesa funcione sin sobresaltos, para que un grupo de políticos pueda sustituir sin problemas al que se ha desgastado en el poder, es necesario que los gobiernos tengan algunos motivos de satisfacción que ofrecer a sus electores. Para ser elegidos —y sobre todo reelegidos—, los diputados deben tener algo más que «sangre y lágrimas» que prometer a las clases populares.

Crisis política y crisis económica

Ahora bien, la economía capitalista se encuentra en el mismo callejón sin salida que ya condujo a dos guerras mundiales. Los capitalistas tienen una necesidad permanente de encontrar salidas para su capital. Deben poder reinvertir constantemente sus ganancias para obtener nuevas ganancias. Los que no lo consiguen quiebran o son absorbidos por los más grandes. Las grandes empresas se han convertido en multinacionales capaces de producir mucho más de lo que puede absorber su mercado nacional de origen. Compiten en un mercado mundial que crece mucho más lentamente que su capacidad de producción. Esta competencia cada vez más dura y encarnizada genera guerras comerciales entre países rivales y, posteriormente, guerras militares.

El sistema capitalista se debate entre contradicciones que se traducen en una ralentización del crecimiento y de las ganancias de productividad. Esto provoca la financiarización de la economía. En materia de clima y medio ambiente, la irresponsabilidad de los capitalistas se ajusta, en el sentido literal, al principio de «después de mí, el diluvio». Provoca catástrofes cada vez más graves, como las tormentas cataclísmicas y los incendios gigantescos que han azotado a muchos países o la contaminación de los continentes y los océanos.

Para dominar el mundo, acceder a las materias primas y eliminar a los competidores amenazantes, prevalecen el cinismo y la brutalidad, como lo ilustra Trump a diario. Trump no está loco, no es solo un megalómano: es el verdadero rostro del imperialismo. En la jungla que es el mercado capitalista, quien tiene más capital impone sus reglas. Trump, representante del imperialismo más poderoso, ha sacado el gran bastón del proteccionismo para intentar reforzar a los capitalistas estadounidenses en un sistema en crisis. Sus competidores, incluso cuando cuentan con el apoyo de Estados que se consideran aliados de Estados Unidos, no tienen más remedio que plegarse a él.

En este contexto, para mantener sus beneficios, la única solución para los capitalistas es agravar la explotación. Si los más grandes, estadounidenses o no, serán los ganadores de las nuevas reglas del comercio internacional, los perdedores serán sin duda las clases populares, empezando por las de Estados Unidos, que ya sufren las consecuencias de la inflación. Si permanecen pasivos, los perdedores serán los trabajadores de todo el mundo, cuyos salarios se verán inevitablemente aplastados, los ritmos de producción intensificados y la jornada laboral alargada, mientras que se suprimirán puestos de trabajo y se recortarán las pensiones. Este es el programa obligatorio de todos los próximos gobiernos.

Es también porque solo tienen golpes que ofrecer a las clases populares por lo que los gobiernos son cada vez más abiertamente reaccionarios. Temiendo constantemente una revuelta social, tratan de desviarla y para ello recurren a la demagogia racista, xenófoba o comunitarista, sembrando la división entre los explotados, alimentando el odio hacia los inmigrantes, los extranjeros o los musulmanes, y estigmatizando a los que denominan «asistidos», es decir los que perciben subsidios sociales . Esta política de división, dentro de la clase trabajadora o entre la clase obrera y la pequeña burguesía afectada por la crisis, ha sido el salvavidas de la burguesía en todos los periodos de crisis. Macron, Darmanin o Retailleau utilizan este método sin restricciones, sin que Le Pen, Bardella o Ciotti hayan llegado al poder.

Autoritarismo y marcha hacia la guerra

Por lo tanto, los próximos gobiernos tendrán que ser cada vez más autoritarios. La política de Trump en Estados Unidos, que aterroriza a los extranjeros, incluidos aquellos con papeles en regla, intimida a los opositores a su política y acusa de terrorismo a quienes critican su apoyo incondicional a los crímenes israelíes, sirve de modelo a los dirigentes de las supuestas democracias occidentales.

Esta evolución autoritaria está relacionada con la evolución hacia una próxima guerra generalizada, cada vez más evidente, incluso a los ojos de los trabajadores poco politizados. Las tensiones y las guerras que asolan el mundo alimentan esta inquietud. En Oriente Medio, Israel continúa sus guerras con una barbarie cada vez mayor. Después de atacar el Líbano, Siria, Yemen e Irán, Netanyahu ha apuntado a Qatar. Ha lanzado una nueva ofensiva en el norte de Gaza, expulsando por enésima vez a los habitantes hambrientos y bombardeando sistemáticamente los edificios que no habían sido destruidos. En cada etapa, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En Ucrania, para obtener su parte del pastel, los dirigentes europeos, con Macron y Starmer a la cabeza, apartados de las negociaciones entre Trump y Putin, quieren enviar tropas. Aprovechando los actos criminales de Putin, que multiplica los ataques contra civiles y envía drones hasta Polonia, alimentan una campaña de agitación en torno a «la amenaza rusa».

Cuando no es Rusia la que se presenta como una amenaza, es China. Así, el desfile militar organizado por Xi Jinping el 3 de septiembre en Pekín se presentó como la prueba de que China sería la principal amenaza para la paz mundial. Pero, si bien Xi Jinping quiso demostrar que su país tiene los medios para resistir las presiones del imperialismo estadounidense, Estados Unidos, con un presupuesto militar de 1 billón de dólares frente a los 300 000 millones de China, es mucho más amenazante.

Aunque los dirigentes de los Estados aún no saben contra quién se están preparando para la guerra, todos están aumentando sus presupuestos militares. Bajo la presión estadounidense, los países de la OTAN se han comprometido a aumentar este presupuesto hasta el 5 % de su PIB para 2035. En el caso de Francia, esto supondría un presupuesto de 120 000 millones de euros, más del doble de lo que es hoy en día, ¡después de haber aumentado ya más del 50 % desde 2017! Para liberar estos fondos, se realizarán recortes en sanidad y en todos los servicios útiles para la población, independientemente del próximo gobierno. En este terreno, los opositores a Macron, ya sea el RN o LFI, están a la espera para reclamar medios adicionales para financiar máquinas de muerte, siempre que sean «made in France».

Esos miles de millones no se gastan simplemente para enriquecer a los comerciantes de armas, sean franceses o no. Las campañas militaristas no son una simple preparación para que la población acepte sacrificios. El periódico Le Canard enchaîné reveló el pasado 26 de agosto que una nota del Ministerio de Sanidad instaba a las agencias regionales de salud a poner en marcha, de aquí a marzo de 2026, un plan para que los hospitales puedan acoger hasta 500 000 heridos de guerra. Esta nota pone de manifiesto que los jefes de Estado Mayor y los ministerios están preparando metódicamente la próxima guerra.

¿Qué respuesta de la clase obrera?

Ninguna de las amenazas que se ciernen sobre la clase trabajadora, ya sean los sucesivos planes de ataque contra sus condiciones de vida y de trabajo, su acceso al empleo, a una vivienda, a un salario o una pensión dignos, a una asistencia médica asequible o, más fundamentalmente, la marcha hacia la guerra, podrá detenerse sin arrebatar a los capitalistas el control de la sociedad. Para apartarlos, no bastará con sustituir a los políticos odiados por otros que nunca se hayan probado o por aquellos que prometen un poco más de justicia social.

La tarea de los comunistas revolucionarios es defender incansablemente la idea de que nada cambiará en la sociedad si la clase trabajadora no se enfrenta a la clase capitalista. No se trata solo de defender sus reivindicaciones vitales, aquellas que tienen como objetivo defender sus condiciones de vida, su salario, su empleo, se trata de cuestionar la propiedad burguesa sobre las mayores empresas de producción, distribución y bancos. Ante la crisis, es necesario que sea capaz de tomar las riendas de la sociedad.

El abismo entre este programa, exigido por la situación general, y el grado actual de conciencia y politización de los trabajadores es enorme. Este abismo es el resultado de décadas de traición e integración en el Estado burgués de las organizaciones, partidos y sindicatos engendrados por el movimiento obrero. Pero es inútil lamentarlo, hay que dedicarse a reconstruir, apoyándose en lo que sigue siendo el valioso capital político heredado de las experiencias revolucionarias del pasado, formulado por Marx, Lenin, Trotsky y otros líderes marxistas.

Ante los ataques que sufre, hay que desear que la clase obrera reaccione y vuelva a encontrar el camino de la lucha de clases. Pero tan pronto como surge una movilización social, el primer problema que se plantea es el de su dirección. Es vital que los trabajadores creen sus propios comités, sus propios órganos, para dirigirlos y ponerse al frente de las revueltas sociales. La clase obrera es, en efecto, la única clase capaz de llevar hasta el final la lucha por el derrocamiento del capitalismo y el establecimiento de una sociedad sin explotación. En este camino, tendrá en contra no solo al Estado y todas sus instituciones, prefectos, policía, justicia, ejército..., sino también a todos los líderes de sindicatos y de partidos que defienden con uñas y dientes el orden social.

En este sentido, lo que ocurrió el 10 de septiembre, día anunciado como respuesta al plan Bayrou, es significativo. Esta fecha surgió en las redes sociales, impulsada por diversos colectivos, con objetivos y modos de acción tan variados como difusos: bloqueos, boicots, incluso confinamientos... No fue propuesta desde arriba, por los sindicatos o los partidos oficiales, sino que se difundió desde abajo y tuvo una amplia repercusión en los círculos populares, desde antiguos participantes en el movimiento de los chalecos amarillos hasta trabajadores aislados o pequeñas empresas, alejados de los círculos sindicales. Como era de esperar, las direcciones sindicales comenzaron por desacreditar estos llamamientos, ya que no habían sido ellos quienes los habían iniciado ni controlaban su desarrollo. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, las calificó de «nebulosas», mientras que Marylise Léon, de la CFDT, denunció estos «llamamientos a la desobediencia», al mismo tiempo que recibía a Bayrou en la universidad de verano de su sindicato. Y aunque la CGT y numerosas organizaciones sindicales acabaron llamando a participar en esta jornada, las direcciones sindicales decidieron sobre todo responder a esta iniciativa que se les escapaba convocando una huelga nacional el 18 de septiembre. Con ello afirmaban claramente que cualquier llamamiento a la respuesta debe partir de ellas y que, en cualquier caso, debe permanecer bajo su control.

En todo el período que se avecina, los trabajadores deberán aprender a defender sus propias reivindicaciones, a utilizar sus propios medios de acción, empezando por la huelga, y, sobre todo, a dotarse de los medios para que ellos mismos dirijan sus luchas, sin depender ni de las direcciones sindicales, locales o nacionales, ni de los partidos que pretenden darse una imagen de oposición para mejor desviarlos, ni de ninguna dirección autoproclamada.

Los militantes revolucionarios tendrán un papel fundamental que desempeñar para ayudar a los trabajadores en lucha a organizarse independientemente de los sindicatos y de los partidos que harán todo lo posible por encabezar las protestas y que sin duda los traicionarán. En este período en el que se intensificarán los ataques patronales y gubernamentales, lo que posiblemente dará pie a que los obreros organicen represalias, será fundamental la cuestión de los objetivos, los medios de acción y el control de la dirección de sus luchas por parte de los propios trabajadores.

12 de septiembre de 2025

Argentina: tras dos años de gobierno de Milei

Desde hace casi dos años que está en el poder, el presidente Javier Milei se ha ganado el respeto de las instituciones financieras y los medios burgueses de todo el mundo. Para recompensarle por haber restaurado los negocios en Argentina, estabilizado la inflación y las cuentas públicas, gracias a una enorme transferencia de riqueza a costa de las clases pobres, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le concedieron en abril un nuevo préstamo de 42 000 millones de dólares, que se suma al de 2018, aún sin reembolsar. Pero últimamente se acumulan las malas noticias para el Gobierno de extrema derecha.

Sobre la victoria de Milei

La victoria electoral de Milei, en diciembre de 2023, se produjo en el contexto de la violenta crisis económica que sacude a Argentina desde 2018 y el aumento descontrolado de la inflación. Desde la crisis de 2001, una parte importante de la población sobrevive gracias a más de 40 000 comedores populares. La deuda estrangula la economía de este país de 46 millones de habitantes, pero esto no es nada nuevo. A lo largo de toda su historia, Argentina nunca se ha liberado de su dependencia de sus acreedores. Su primer impago se remonta a 1890, ¡y desde entonces se han producido otros ocho! Amortizada en parte en 2005 y 2010, la deuda volvió a aumentar. Se duplicó durante la presidencia de Macri y, en el momento de la elección de Milei, ascendía a 927 000 millones de dólares.

Milei se distinguió durante la campaña presidencial de 2023 con un discurso violentamente reaccionario. Opuesto al feminismo, al derecho al aborto, a la educación sexual, a «la ideología woke», homófobo, climato-escéptico, denunciaba los «colectivistas de mierda», la «casta», es decir sobre todo los políticos peronistas, presentados erróneamente como socialistas, la burocracia sindical y el sindicalismo en general, pero también los jueces, los universitarios, los periodistas, los funcionarios... Alababa el comercio de órganos humanos, el porte de armas, el derecho de las empresas a contaminar.

Su compañera de fórmula electoral, hoy vicepresidenta, Victoria Villarruel, aseguraba el vínculo con la parte más derechista de la burguesía y el ejército. Procedente de una familia de oficiales implicados en la represión durante la dictadura militar, justificó sin ambigüedades el asesinato de militantes y la tortura visitando a antiguos torturadores juzgados y encarcelados.

Milei, cuya coalición electoral, La Libertad Avanza, obtuvo el 30 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, debe su victoria en la segunda vuelta frente al candidato peronista al trasvase de votos de la candidata de derecha, Patricia Bullrich (24 % de los votos). Esta última fue recompensada con el Ministerio de Seguridad. Si bien Milei se benefició de los votos de la burguesía y la pequeña burguesía, también atrajo a una parte de las clases populares, desesperadas y enojadas con el anterior Gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Milei decía querer reducir drásticamente el gasto público y privatizar todos los servicios públicos. Estos llevaban tanto tiempo deteriorándose que algunos soñaban con que la privatización pudiera suponer un avance. Denunciaba la corrupción, el clientelismo y la financiación estatal de asociaciones, a menudo peronistas, y al mismo tiempo... las escasas ayudas sociales. Se benefició de los escándalos en curso, de la condena a seis años de prisión y de la inhabilitación de por vida por corrupción de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Milei pretendía «exterminar» la inflación. Esta superaba entonces el 210 % anual, lo que creaba una situación insoportable para los más pobres. Al parecer, encontró eco entre una parte de los trabajadores del sector informal, es decir, casi la mitad de la población activa, y entre los más jóvenes (se puede votar a partir de los 16 años), que soñaban con un cambio radical. Milei pretendía también sustituir el peso, ese «excremento», por el dólar. Prometía mucho a cambio de importantes sacrificios durante un tiempo, y algunos querían creer que eso estabilizaría la economía y que la austeridad sería de corta duración.

La motosierra

La devaluación del peso en un 54 % desde los primeros días de su mandato fue el primer golpe que sufrió la población. Este ataque brutal vino acompañado de generosos regalos destinados a atraer de nuevo a los capitalistas extranjeros y animar a la burguesía a repatriar su dinero, unos 300 000 millones de dólares ocultos en bancos extranjeros para escapar del fisco y la inflación. Y, sobre todo, se trataba de tranquilizar a las instituciones financieras preocupadas por un posible nuevo impago.

La fuga masiva de capitales obligó a sus predecesores, el presidente derechista Macri y luego el peronista Fernández, a instaurar un control de cambios, impidiendo a los ahorristas retirar más de 200 dólares al mes de un banco, a un tipo de cambio fijado por el Estado, y obligando también a las empresas exportadoras a cambiar en pesos sus beneficios en dólares. Pero el sistema se estaba hundiendo por todas partes debido a la avalancha hacia los mercados cambiarios paralelos. Existían nada menos que 19 tipos de cambio, como consecuencia de las presiones de los diferentes sectores, exportadores de soja, multinacionales, etc. El 13 de diciembre de 2023, víspera de la devaluación, el dólar valía oficialmente 366 pesos, pero se cambiaba a 800 pesos en todas las oficinas de cambio, al tipo denominado « blue dollar ». La devaluación debía devolver al peso su «valor real». Esto provocó inmediatamente una espectacular subida de los precios. La inflación pasó del 210 % en diciembre al 292 % en abril de 2024.

Al mismo tiempo, Milei puso en marcha una política de austeridad extrema. Puso fin al control de los precios de los productos alimenticios, así como a las subvenciones para el agua, el gas, la electricidad y el transporte, lo que multiplicó por cinco el importe de las facturas. El precio de los billetes de autobús o tren de cercanías en la provincia de Buenos Aires se multiplicó por siete a finales de 2024. Los trabajadores y los estudiantes ya no podían desplazarse. En marzo de 2024, en plena explosión de la inflación, se congeló el pequeño bono destinado a los jubilados más modestos, que no tenían con qué alimentarse. Y el acceso a los medicamentos esenciales volvió a ser de pago para los afiliados a la Seguridad Social.

Milei también puso en marcha el desmantelamiento de los servicios públicos, con el objetivo de eliminar 70 000 puestos de funcionarios. Comenzó por suprimir o fusionar 9 de los 18 ministerios. Y no cualquiera. Los de Cultura, Educación, Mujeres, Género y Diversidad, creado por el gobierno anterior, cuyo 85 % de los agentes fueron despedidos, mientras que los programas de ayuda, como el destinado a las víctimas de violencia de género, fueron cuestionados. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, al igual que cientos de agencias locales de ministerios y organismos públicos, y se suspendieron otros tantos programas, poniendo fin a miles de contratos precarios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue intervenido y la agencia de noticias Télam, la principal agencia de Sudamérica, acusada de izquierdismo, fue cerrada. El presupuesto de las universidades se redujo en un tercio y el de los hospitales en la mitad, con miles de puestos de trabajo suprimidos. Los programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la lepra, e incluso el propio Instituto Nacional del Cáncer, están amenazados de cierre. Numerosos hospitales e incluso el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), equivalente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ven afectados por severos recortes presupuestarios y supresiones de puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a la construcción o al mantenimiento de infraestructuras, entre ellas las carreteras, se redujo casi a cero y miles de obras quedaron paralizadas. Incluso la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el más importante del país, destinado a conectar el inmenso yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta, en la Patagonia, con Buenos Aires, fue detenida.

A lo largo del año 2024, Milei ha causado una recesión en la economía: miles de quiebras, casi 250 000 empleos eliminados en el sector privado y en el público. La construcción y el comercio se derrumbaron. En agosto, las ventas en el mercado central de Buenos Aires habían caído un 40%, la producción de automóviles, a pesar del aumento de las exportaciones al Brasil, en casi un 20%. Los anuncios de despidos se han sucedido. La empresa siderúrgica Acindar, del grupo ArcelorMittal, dependiente de los pedidos públicos, ha suspendido casi por completo las actividades de sus plantas de producción y puesto en paro técnico a miles de trabajadores.

En todas partes, los trabajadores despedidos han venido a engrosar el sector llamado informal: vendedores ambulantes, taxis no oficiales, trabajadores a domicilio, ayudantes domésticos, etc. Como después del krach de 2001, las plazas de Buenos Aires se llenaron entonces de mujeres y hombres que trataban de vender sus ropas.

Una población que el año anterior todavía podía pagarselo no puede acudir a un médico o dentista. La educación se ha convertido en un lujo con el aumento de los gastos escolares, los precios del material escolar y el transporte. En seis meses, cinco millones de argentinos cayeron en la pobreza extrema, según cifras oficiales. Y en todos los barrios pobres, las chabolas del Gran Buenos Aires, los niños ya no comen lo suficiente. Las colas frente a los comedores sociales se alargan.

La nueva reforma laboral ha acentuado la explotación: mayor flexibilidad, períodos de prueba más largos, reducción de las indemnizaciones por despido y supresión de las multas por trabajo no declarado. En las obras de construcción, los trabajadores despedidos fueron posteriormente recontratados, pero sin contrato de trabajo. En la agricultura, el 60% de los trabajadores están empleados sin declarar.

Al principio del año, según la prensa internacional, Javier Milei había ganado su apuesta. El gasto público se redujo en casi un tercio. La inflación disminuyó. La devaluación permitió un superávit comercial y los gigantes de la agroalimentación pudieron vender sus reservas. El sector minero prosperó, impulsado por la carrera mundial por el acceso al litio. Un artículo del superdecreto de Milei autorizaba a las multinacionales a adquirir nuevas tierras, hasta entonces protegidas, para apropiarse de los minerales. Iba acompañado de nuevos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, garantizados 30 años. Los grupos Glencore, Eramet se precipitaban.

Las exportaciones aumentaban mientras que las importaciones se desplomaban. El negocio estaba de vuelta. Impulsado por algunos sectores, el índice de la Bolsa de Buenos Aires registró un aumento del 163% durante el año 2024. En plena explosión de la pobreza, las 20 empresas agroalimentarias que controlan la distribución alimentaria del país obtenían importantes beneficios. Entre ellas, dos grupos argentinos: Arcor, propiedad del multimillonario Luis Pagani, y Molinos, propiedad de la familia Companc, una de las más ricas del país. La disminución del volumen de sus ventas, combinada con el aumento de los precios, multiplicaba por diez sus beneficios.

En estas condiciones, el FMI concedió en abril un préstamo a Milei para permitirle levantar el control de los cambios, eliminar todos los impuestos y todas las sanciones por fraude fiscal y blanqueo. La burguesía, pequeña y grande, podía de nuevo mover su dinero como quisiera. Treinta mil millones de dólares invertidos en el exterior habrían reaparecido así en los bancos argentinos.

Pero recientemente, ha vuelto la preocupación de los financieros. La caída del peso frente al dólar se ha reanudado. Las arcas del Estado, vaciadas por la acumulación de regalos a los grupos mineros y agroalimentarios no se llenan lo suficientemente rápido. ¿Podrá el gobierno reembolsar el último préstamo? ¿Y el de 2018? Para tranquilizarlos, Milei inicia la privatización de AySa, compañía pública de agua y saneamiento que abastece a más de 11 millones de personas en el Gran Buenos Aires. La patronal de la industria y del transporte también está preocupada. La interrupción total de las obras de mantenimiento de los grandes ejes viarios provoca un caos creciente que amenaza con paralizar el transporte de mercancías.

A los trabajadores, Milei había prometido que después de los sacrificios, vendría la recompensa. A finales del año 2024, los comunicados oficiales de la presidencia proclamaban una disminución sin precedentes de la pobreza. Una mentira flagrante. La subida solo ha afectado a la burguesía. Para los trabajadores, la caída hacia el abismo sólo se ha ralentizado. La inflación es menos rápida, pero los precios siguen aumentando. Según las estadísticas oficiales, en abril de 2025 los precios de los alimentos eran un 40% más altos que en abril de 2024 y los de la vivienda, la electricidad y el gas, un 87%. Para los trabajadores con un contrato de trabajo, los salarios no son suficientes. Una médica en huelga del hospital pediátrico Garrahan de Buenos Aires estimó, a fines de mayo de 2025, que había perdido entre un 40% y un 60% de su poder adquisitivo durante el año pasado.

Más de la mitad de los niños del país viven hoy oficialmente por debajo del umbral de pobreza y uno de cada diez está malnutrido. Esto en un país que cuenta entre los principales productores de carne, trigo, soja y maíz. En cuanto a la pensión de jubilación mínima, se mantiene al mismo nivel, el del hambre.

¿Un poder fuerte?

Para soslayar las demoras parlamentarias y lanzar sus ataques, Milei primero utilizó un Decreto Nacional de Emergencia, que consta de no menos de 300 artículos, aplicables inmediatamente, pero sujetos a la aprobación posterior del Congreso, seguido unos días después de una ley ómnibus de 664 artículos, que tuvo que someter a la aprobación de las dos cámaras. Pero su coalición electoral contando con solo 39 diputados y 7 senadores, esta ley fue rechazada en febrero de 2024.

Por lo tanto, Milei tuvo que recurrir a la «casta» política que antes condenaba. Le llevó seis meses lograr sus objetivos. Seis meses de impugnación del carácter de urgencia de los decretos ante los tribunales, salpicados de dos huelgas nacionales y manifestaciones callejeras, durante las cuales recibió, sin sorpresa, el apoyo de la derecha.

Al ser Argentina un estado federal, también tuvo que llegar a un acuerdo con los gobernadores de las provincias, incluidos los peronistas, regateando la redistribución de los recursos del Estado. No fue hasta junio de 2024 que se aprobó la Ley básica, acortada en más de la mitad de sus artículos.

Milei obtuvo entonces poderes especiales que le permitían hacer pasar sus medidas a su antojo en nombre de un supuesto estado de emergencia. En mayo, una de ellas limitó el derecho a la huelga e impuso un servicio mínimo del 75% en transporte, educación, telecomunicaciones, con amenaza de sanciones contra los huelguistas. Otro endureció las condiciones de entrada de los inmigrantes, el acceso a la ciudadanía, facilitó las expulsiones y hizo que se pagara el acceso a los servicios públicos.

Desde junio y el fin de los poderes especiales, la oposición ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el Parlamento. Se han rechazado varios decretos presidenciales. Para tranquilizar el mundo de la finanza, Milei tuvo que usar su derecho de veto para bloquear una ley que revalorizaba las pensiones de jubilación y luego otra que aumentaba los medios asignados a las personas con discapacidad, justo antes de que algunos periódicos revelaran todo un sistema de corrupción en torno a la Agencia Nacional de la Discapacidad con el fin de favorecer una empresa: varios familiares de Milei, entre ellos su hermana, Karina, en la Secretaría de la Presidencia cobraban sobornos. ¡Un desastre para un gobierno elegido con la promesa de erradicar la corrupción!

Entonces la ira aumentó, como ha podido comprobarlo el propio Milei, expulsado recientemente de la calle a pedradas en plena campaña electoral. En el metro, conciertos o estadios, al aire de la canción cubana Guantanamera, la gente canta Alta coimera (la grande corrupta) haciendo referencia a Karina. Siguió la bofetada en las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre. La Libertad Avanza aliada a la derecha, con el 33% de los votos, pierde gran parte de su electorado de 2023, sobre todo en los barrios populares. Un resultado que no presagia nada bueno para ella: las legislativas nacionales de mitad de mandato, que se celebrarán el 26 de octubre.

¿Qué oposición?

En estas elecciones ha regresado con fuerza la corriente política peronista. Con el 47% de los votos, Fuerza Patria (ex Unión Patriótica), la coalición formada en torno al llamado partido «justicialista» fundado por Perón en 1946, acaba de imponerse como la principal oposición a Milei. El peronismo, esta especificidad argentina, enmarca política y sindicalmente a la clase obrera y los movimientos populares desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio está constituido por tendencias de derecha, incluso fascistas, y de izquierda, e incluso de extrema izquierda, en una época guerrillera. A pesar del enorme descrédito vinculado a los gobiernos peronistas anteriores, todavía hoy muchas asociaciones populares combativas, los movimientos de desempleados, los piqueteros en particular, son peronistas. La CGT, sindicato único durante mucho tiempo, lo es oficialmente y varios de sus dirigentes son al mismo tiempo diputados en el Parlamento por el Partido justicialista.

Es, por supuesto, un nido de víboras donde se enfrentan varias camarillas de políticos corruptos. Sergio Massa, candidato derrotado en las elecciones presidenciales de 2023, se dedicó a negocios en una institución financiera estadounidense que especulaba con la deuda. Otros se han unido a Milei. Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex presidente del partido, ex vicepresidente de la República de Néstor Kirchner, se convirtió en secretario de Turismo y Deportes. Decenas de diputados, bajo diversos pretextos, votaron las leyes que Milei necesitaba.

Varios clanes peronistas se enfrentan también en el seno de la central sindical CGT. Esta última no había llamado a una sola movilización durante los cuatro años del gobierno anterior. Frente a Milei y la magnitud de sus ataques, enfrentada al descontento de su base, solo hizo el servicio mínimo: tres llamadas a huelgas nacionales de 24 horas. Después de la del 9 de mayo de 2024, hubo que esperar un año para que se lanzara una nueva convocatoria el pasado 10 de abril. Un año durante el cual los dirigentes sindicales declararon una «tregua». Una política tan conciliadora que el descontento ha penetrado hasta la cumbre. En febrero, el secretario del sindicato de la industria automovilística, por otra parte diputado peronista cercano a Cristina Kirchner, declaró que la CGT «ya no representa a los trabajadores».

Ayudado por la pasividad de la burocracia de la CGT, el gobierno ha podido atacar más fácilmente a los que se resisten. Uno de los primeros decretos de la ministra de Seguridad hizo que el bloqueo de carreteras, un método de lucha muy utilizado por los piqueteros y los huelguistas, fuera sancionado con prisión. Desde entonces, la violencia policial se ha ejercido incluso contra los jubilados que se manifiestan el miércoles para denunciar la hambruna a la que están condenados. Todas las reuniones en la vía pública están de hecho prohibidas, sin que ello ponga fin a ellas.

La ayuda alimentaria pública se distribuye desde los años 2000 a través de asociaciones a menudo peronistas y combativas. Los comedores populares están ahora organizados por los propios habitantes y a veces se convierten en lugares de resistencia. El gobierno ha inventado malversaciones de fondos para atacar a estas asociaciones, multiplicando los registros e incautaciones de teléfonos. La prensa llegó incluso a publicar las direcciones de activistas. Luego el gobierno suspendió la ayuda alimentaria, y miles de toneladas de alimentos se pudrieron sin ser distribuidos. Y la misma represión ciega se ejerce contra los movimientos de huelga. Un número de teléfono público permite denunciar a «los sindicatos que te obligan a hacer huelga» o precisamente a militantes, con el fin de desencadenar procesos judiciales. Pero todas estas medidas no apagaron la protesta.

Las luchas de los trabajadores

Desde la llegada de Milei, las reacciones de los trabajadores no han faltado. Los de la salud, del hospital Garrahan de Buenos Aires en particular, los de la educación, de la investigación, se movilizaron varias veces contra las supresiones de puestos, los cierres, la baja de salarios y becas estudiantiles. Los de transporte paralizaron el país durante 24 horas en octubre de 2024. También se movilizaron los de diferentes ramas de la industria. En el último día de huelga nacional , el pasado 10 de abril, la prensa habló sobre todo de la estación Constitución de Buenos Aires, la más grande del país, totalmente parada, así como de aeropuertos, pero los trabajadores participaron en la huelga en muchas fábricas del Gran Buenos Aires y el interior.

Frente a la ofensiva patronal, fomentada por el gobierno, con bajas de salarios, desempleo parcial, supresión de empleos, aumento de la precariedad, las luchas son defensivas y duras. En octubre de 2024, los obreros de Petroquímica Río Tercero, cerca de Córdoba, se opusieron durante tres meses a la supresión de un tercio de los puestos de trabajo; en enero de 2025, los trabajadores de Pilkington, un subcontratista automovilístico, se movilizaron por las mismas razones, así como trabajadores de varias plantas de la multinacional Linde-Praxair (fabricante de gases industriales y medicinales) desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025. Desde finales de agosto, cientos de trabajadores de las empresas subcontratistas de la planta siderúrgica del grupo Techint en San Nicolás de los Arroyos, están en huelga ilimitada, también allí contra los recortes de empleo y la precarización.

La industria del automóvil ha hecho recaer sobre los trabajadores el descenso de la actividad. Durante el año pasado, las fábricas Scania de Tucumán, General Motors cerca de Rosario, Toyota en Zárate, Renault, Fiat, Iveco y Volkswagen en Córdoba y General Pacheco (Gran Buenos Aires) impusieron paro parcial y despidieron a cientos de obreros. Los mismos cientos de despidos afectaron a los trabajadores de los tres grupos de neumáticos Fate, Bridgestone y Pirelli en el Gran Buenos Aires. El sindicato único de trabajadores del neumático ha llamado a varias movilizaciones y bloqueos de carreteras, con cierto éxito.

Los mismos ataques afectan a todos los sectores industriales. Desde el 25 de febrero, en Buenos Aires, los 250 trabajadores de la imprenta Morvillo, cuyo cierre se anunció, ocupan la empresa. Los del complejo agroindustrial Ledesma, plantaciones y azucareras en la provincia de Jujuy, se han movilizado varias veces contra los despidos y la precariedad.

La clase obrera sigue siendo la clave de la solución. En lo esencial, sigue estando bajo el control de la burocracia sindical, pero su posición central en la economía le confiere una fuerza ineludible. Así, los trabajadores del sector de las oleaginosas se han hecho temer al llevar a cabo una semana de huelga total en agosto 2024 por aumentos salariales y su indexación a la inflación, y luego, de nuevo en marzo pasado, tras una violenta intervención de la prefectura naval contra huelguistas en Puerto San Martín, cerca de Rosario. Una llamada a la huelga ha llevado al cierre de todos los puertos del río Paraná, desde donde se exportan la totalidad de los aceites y harinas de soja. Algo que preocupa a los capitalistas. Estas luchas han impuesto a los patrones aumentos salariales superiores a la inflación.

No es la única baza de la clase obrera. Puede constituir un polo alrededor del cual toda la población pobre pueda reunirse. Ocurrió el pasado mes de febrero en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Mil trabajadores estaban en huelga en la planta frigorífica La China, del grupo Granja Tres Arroyos, primer productor de carne de pollo del país, propiedad de Joaquín de Grazia, un pariente de Milei. Aunque su volumen de negocios ha aumentado, el grupo se benefició de un «procedimiento preventivo de crisis» para imponer una reducción salarial del 20%, una mayor flexibilidad y el despido de 700 trabajadores de los 7000 que cuenta en el país, 80 de ellos en la fábrica La China. El cierre patronal para romper la huelga tuvo el efecto contrario. Provocó una movilización masiva en toda la ciudad, el 23 de febrero, que impresionó a todo el país. Recientemente, la movilización durante nueve días de miles de trabajadores de las fábricas de electrónica de Tierra del Fuego ha suscitado también el apoyo activo de una gran parte de los trabajadores del territorio, anulando las amenazas del Ministro de Seguridad de enviar fuerzas policiales en nombre de la ley antipiquetes.

Presente en todas las regiones del país, la clase obrera tendría la fuerza de agrupar a su alrededor a todos los explotados y enviar a Milei y su motosierra a la chatarra.

9 de septiembre de 2025

La CGT y la marcha hacia la guerra

Por sus posiciones, la CGT aparece como un sindicato que, en su conjunto, denuncia la marcha hacia la guerra. Pero la mayoría de los dirigentes de los sindicatos que la componen lo hacen desde una posición pacifista, ignorando el vínculo entre el capitalismo y la guerra, o en el peor de los casos, afirmando que en caso de conflicto hay que defenderse y que se necesita una industria adaptada a ello. Así, el pasado 10 de marzo, los dirigentes de la confederación reaccionaron¹ a las declaraciones realizadas por Macron el 5 de marzo. Recordemos que, tras las declaraciones de Trump excluyendo a las potencias europeas del acuerdo ucraniano, el presidente francés agitó la amenaza de una guerra con Rusia, invitando a la Unión Europea a prepararse para la guerra y repitiendo su voluntad de duplicar el presupuesto militar francés en cinco años. En su comunicado, tras denunciar con palabras cuidadosamente elegidas « cualquier intento de imponer² una economía de guerra » , estos dirigentes confederales llamaban «a Francia y a Europa a sacar todas las consecuencias y construir una estrategia común a nivel europeo al servicio de una diplomacia y una defensa basadas en el multilateralismo e independientes de la OTAN». En el fondo, se trataba de repetir a su manera el argumento de Macron.

En lo que respecta a los presupuestos militares, evitando oponerse claramente a su aumento, los dirigentes confederales se conforman con decir que «no se trata de aumentarlos para financiar el complejo militar-industrial estadounidense», ni de que «el dinero público vaya a enriquecer a los accionistas». Estos dirigentes, que afirman en el mismo texto que hay que «recuperar nuestra soberanía», proponen una solución, «la exigencia de un polo público de defensa y la nacionalización de las industrias estratégicas», para destinarles los créditos militares.

Esta alineación con la política militarista del Gobierno no es ninguna sorpresa. El aparato de la CGT lleva casi un siglo profundamente integrado en la sociedad capitalista y en el Estado. Sus instancias dirigentes ya no quieren derrocarlos, sino que pretenden defender los intereses de los trabajadores defendiendo los de la «industria francesa», de la que quieren ser responsables y gestores, en colaboración con el Estado y la patronal. Su postura sobre el rearme es el reflejo de esta actitud en estos tiempos de auge militarista y belicista.

La CGT ante la Primera Guerra Mundial

Hay que remontarse a los años previos a la Primera Guerra Mundial y a la CGTU de la década de 1920 para ver a la dirección de este sindicato defender una política internacionalista. Al acercarse la Primera Guerra Mundial, la CGT denunciaba la guerra afirmando la necesidad de derrocar al capitalismo. En el congreso de Amiens, en 1906, una resolución antimilitarista y antipatriótica afirmaba: «En cada guerra entre naciones o colonias, la clase obrera es engañada y sacrificada en beneficio de la clase patronal, parasitaria y burguesa». En una conferencia extraordinaria celebrada en 1911, la CGT sostenía: «Ante cualquier declaración de guerra, los trabajadores deben responder sin demora con una huelga general revolucionaria». Organizó junto con el Partido Socialista y los anarquistas grandes mítines contra la guerra en 1911, 1912 y 1913. Y el 16 de diciembre de 1912, una huelga general contra la guerra movilizó a 600 000 personas.

Pero cuando estalló la guerra en agosto de 1914, la gran mayoría de los dirigentes de la CGT, junto con los del Partido Socialista, cedieron y se sumaron a la propaganda nacionalista y belicista. El 4 de agosto, ante la tumba de Jaurès, asesinado el 31 de julio, el secretario de la CGT, Léon Jouhaux, declaró: «No es el odio al pueblo alemán lo que nos empuja al campo de batalla, es el odio al imperialismo alemán». ». La dirección del sindicato se unió así a la Unión Sagrada y justificó la barbarie en la que el imperialismo francés sumía a los trabajadores. Solo unos pocos militantes aislados de la CGT, agrupados en torno a Pierre Monatte y Alfred Rosmer, mantuvieron en Francia la bandera del internacionalismo.

En la posguerra aumentaron la combatividad obrera y el número de afiliados a los sindicatos. En diciembre de 1921, Jouhaux maniobró para dividir la CGT. Los revolucionarios que formaban parte del Partido Comunista, la Sección Francesa de la Internacional Comunista (SFIC), influenciados por los bolcheviques y la revolución rusa, crearon entonces la CGTU: U de unitaria, porque no habían querido esta escisión sindical.

En 1924, Jouhaux participó en los trabajos de la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, a la que Lenin llamaba «la cueva de los bandidos». Solo la CGTU enarboló la bandera del internacionalismo proletario. Protestó contra la ocupación de la región alemana Ruhr por parte de Francia, que quería así hacer pagar a Alemania las indemnizaciones de guerra, y también organizó una huelga el 12 de octubre de 1925 contra la guerra que libraba el Gobierno francés en el Rif marroquí tras la revuelta anticolonial de Abdelkrim al-Khattabi. Se contabilizaron 900 000 trabajadores en huelga y dos obreros fueron asesinados por la policía.

La integración de la CGT

El estalinismo frenó el desarrollo de los partidos comunistas revolucionarios en todo el mundo. La CGT y la CGTU sufrieron las consecuencias. En Francia, el pacto Laval-Stalin firmado en 1935 fue un acontecimiento clave en esta evolución. El comunicado final afirmaba que «el Sr. Stalin comprende y aprueba plenamente la política de defensa nacional llevada a cabo por Francia para mantener sus fuerzas armadas al nivel necesario para su seguridad». L'Humanité y el PC cesaron inmediatamente sus campañas antimilitaristas. El 14 de julio de 1935, el PC manifestó asociando la bandera tricolor con la bandera roja y La Marsellesa con La Internacional. La CGT y la CGTU, que ya estaban negociando, aceleraron su reunificación, que se llevó a cabo, bajo la dirección de Léon Jouhaux, en marzo de 1936. Cuando estalló la huelga general de 1936, la dirección de la CGT reunificada apoyó al Frente Popular, que accedió al poder, y ejerció toda su influencia para detener el movimiento espontáneo de la clase obrera. De este modo, la CGT reunificada salvó los intereses de la burguesía y se integró aún más en su Estado. A partir de esos años, defendió constantemente la necesidad de que «Francia» tuviera una «defensa nacional». En la Resistencia alineada con De Gaulle, y luego al final de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a volver a poner en marcha el aparato estatal de la burguesía francesa.

Esta política ilustraba una evolución más profunda : la integración de todos los sindicatos en el poder estatal de la época imperialista, una evolución que Trotsky analizó en 1940, explicando la degeneración de los sindicatos por el capitalismo monopolista: « [los sindicatos] deben enfrentarse a un adversario capitalista centralizado, íntimamente ligado al poder del Estado. De ahí se deriva para los sindicatos, en la medida en que mantienen posiciones reformistas —es decir, posiciones basadas en la adaptación a la propiedad privada—, la necesidad de adaptarse al Estado capitalista e intentar cooperar con él»³. La actual CGT ilustra perfectamente este intento de cooperación. Sus propuestas de política industrial, ya sean de carácter militarista o pacifista, son una expresión de ello.

El pacifismo de la CGT

Desde la década de 1950, los dirigentes de la CGT desarrollan con constancia una política pacifista. Después de la guerra, el PCF convirtió a la CGT en el transmisor de su política. Al comienzo de la Guerra Fría entre el bloque occidental y la URSS, Jouhaux que fue cosecretario de la CGT junto con uno de los dirigentes del PCF, Benoît Frachon desde 1945, se escindió para crear en 1947 la CGT-FO, que pasaría a llamarse simplemente FO, con el apoyo financiero de la AFL estadounidense. La CGT se puso entonces, a través del PCF, al servicio de los intereses de la diplomacia soviética. Mientras la amenaza de una tercera guerra mundial y del fuego nuclear estaba en la mente de todos, la facción mayoritaria de la CGT, controlada por los estalinistas del PCF, se hizo eco del Llamamiento de Estocolmo del 19 de marzo de 1950, que exigía «la prohibición absoluta de las armas atómicas » y «el establecimiento de un riguroso control internacional para garantizar la aplicación de esta medida de prohibición», y hacía un llamamiento a «todos los hombres de buena voluntad». Esta política, que apelaba a las instituciones del mundo burgués para garantizar la paz, se acercaba más a la de Jouhaux que a la política revolucionaria de la CGT anterior a 1914. En la década de 1980, mientras apoyaba al gobierno de izquierda en plena ofensiva antiobrera, se valió del pacifismo para intentar, a pesar de todo, mostrar cierta independencia. En la primavera de 1982, promovió el Llamamiento de los Cien, que pedía a los Estados que «negociaran en Oriente y Occidente, por la seguridad de las Naciones y para que el desarme se hiciera realidad».

A lo largo de su evolución, la dirección de la CGT ha disociado por completo la cuestión de la guerra de la del capitalismo y el imperialismo, destruyendo poco a poco toda conciencia de clase. Así, hoy en día le gusta citar a Bernard Lacombe, sacerdote obrero que formó parte de la dirección de la CGT en los años 80, quien afirmaba: «Ser militante por la paz no es ser débil, carecer de valor o de lucidez, al contrario, es atreverse con la paz». Es como no decir nada. Cuando busca una causa para las guerras, la dirección de la CGT culpa a la miseria y a la falta de justicia social, citando una y otra vez a uno de sus antiguos secretarios generales, Bernard Thibault⁴, que afirmaba: «No puede haber paz universal y duradera sin justicia social. Toda miseria, independientemente del lugar del planeta en el que se encuentre, representa una amenaza para la prosperidad de todos».

Tras los pasos del reformista Jouhaux

La secretaria general actual de la CGT, Sophie Binet, reconoce la marcha actual hacia la guerra, «los ruidos de botas cada vez más ensordecedores»⁵. Incluso puede citar a Jaurès, pero, al frente de un sindicato que se quiere responsable ante la burguesía, se remite a la ONU. Mientras que, tras haber sido tapadera de las potencias imperialistas, esta organización demuestra, de forma cada vez más evidente tras el desentendimiento de Estados Unidos, su inutilidad, Sophie Binet se empeña en difundir ilusiones sobre su papel. Si la ONU está «condenada a la impotencia», dice, es «desgraciadamente... debido a su Consejo de Seguridad, en el que las grandes potencias tienen derecho de veto». Haciendo como si Francia y Europa no fueran imperialistas, Sophie Binet aboga por que adopten «un compromiso muy claro a favor de la paz y [sean] la punta de lanza de la batalla por el desarme» reforzando la ONU y el multilateralismo. El Movimiento por la Paz, cercano al PCF y a la CGT, propaga los mismos callejones sin salida al pedir una reforma de la ONU en la que las «organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, pero también los representantes locales» tengan un «peso más importante»⁶, algo de lo que Netanyahu y Trump se burlan por completo.

Por otra parte, para Sophie Binet, el problema fundamental no es el imperialismo, sino la llegada de lo que ella denomina «la internacional de extrema derecha» en el poder, cuya consecuencia es el debilitamiento del «orden mundial construido en 1945 para impedir el fascismo y la guerra»⁷.

Todas estas declaraciones no hacen más que desarmar a los trabajadores frente a la burguesía. Solo les ofrecen ilusiones reformistas, siendo la más nefasta de ellas que pueden contar con los políticos burgueses. De este modo, estos dirigentes sindicales contribuyen una vez más a socavar toda conciencia de clase.

Algunos dirigentes, como los redactores de la edición de mayo de 2025 de la revista mensual Ensemble de la CGT, afirman que el aumento de los presupuestos militares no es más que un «militarismo de conveniencia» que sirve de «buen pretexto» para poner en entredicho los derechos sociales. Según ellos, Francia está muy lejos de una economía de guerra, ya que en Ucrania el gasto militar representa el 58 % del gasto público, mientras que en Francia se sitúa entre el 10 y el 15 %. Sí, es cierto, pero la burguesía francesa, al igual que el conjunto de las burguesías europeas, sabe que quedará definitivamente superada y relegada en la competencia mundial si no se dota de los medios para intervenir en los conflictos que desgarran el planeta. Por lo tanto, el aumento de los presupuestos militares no es un «militarismo de conveniencia», sino el producto de un capitalismo mundial en crisis. Por supuesto, corresponde a los gobiernos hacer pagar el aumento de estos gastos a la población, poniendo en tela de juicio, en particular, lo que queda de derechos sociales.

Soluciones industriales... militaristas.

Para los dirigentes de la CGT, que solo piensan en términos de soluciones industriales compatibles con los empresarios, el rearme es en realidad una oportunidad: es «la reconversión o la muerte», escribió Ensemble⁸. Se citan las Fundiciones de Bretaña, Valdunes, Aubert y Duval, que solo se habrían «salvado» reorientando su actividad hacia el armamento. La elección sería «difícil», pero, según dicen estos dirigentes para excusarse, la CGT debe «lidiar con estas ambigüedades». Por otra parte, en las Fundiciones de Bretaña, solo «dos o tres empleados dimitieron» tras la adquisición de la planta por el comerciante de proyectiles Europlasma. Entonces, ¿por qué no defender estos proyectos de reconversión industrial hacia la industria armamentística? En realidad, estos dirigentes sindicales van más allá. Acompañan e incluso se anticipan a estas decisiones y, si es necesario, tocan la fibra patriótica. En el caso de Vencorex, una empresa química que trabaja en parte para la defensa y que está amenazada de cierre por sus propietarios tailandeses, Sophie Binet se unió a Hollande y Mélenchon para pedir la nacionalización de la empresa y su transformación en cooperativa en nombre de la disuasión nuclear francesa y para defender «nuestra independencia». Este discurso nacionalista solo puede confundir las conciencias y desviar a los trabajadores de sus verdaderos enemigos y de los medios para doblegarlos.

Por supuesto, hay que oponerse a los despidos, pero desde una perspectiva de lucha de clases. La CGT presenta la adquisición de las Fundiciones de Bretaña por parte de Europlasma para producir proyectiles como una victoria de las luchas. Sin embargo, si Europlasma ha adquirido la empresa, es sobre todo por las subvenciones y los encargos estatales que le garantizan beneficios durante algún tiempo. Con la llegada de este nuevo propietario, los 266 trabajadores de las Fundiciones tienen sin duda la sensación de haber salvado sus puestos de trabajo, pero los militantes que defienden los intereses políticos de la clase obrera no habrían presentado esta adquisición como una victoria. Habrían llamado a los trabajadores a organizarse frente a su nuevo patrón, como lo hicieron frente al anterior, al tiempo que afirmaban la necesidad de derrocar este sistema bárbaro que los obliga a sudar beneficio produciendo máquinas de muerte para seguir viviendo. En la sociedad burguesa, la clase capitalista tiene el monopolio del capital y del poder. Es ella quien decide todo, en función de sus intereses. Y con el riesgo creciente de guerra, muchas empresas abandonan los mercados llamados civiles por los mercados militares. Esta distinción entre civil y militar no es justa, ya que ambos sectores están estrechamente relacionados, ya que la producción de uno sirve al otro y viceversa. En cualquier caso, las «soluciones industriales» que se obtienen solo pueden ser soluciones de la patronal.

Los trabajadores, que deben luchar sin descanso contra todos los ataques de la patronal, deben hacerlo oponiéndo claramente los intereses de los trabajadores y los de los empresarios. En la sociedad burguesa, los trabajadores solo pueden ganarse la vida allí donde a los capitalistas les interesa explotarlos, ya sean empresas públicas o privadas. Sea cual sea el mercado al que destinan estas empresas sus mercancías, hay que oponerse al exceso de trabajo, que agota la mente y el cuerpo, denunciando el aumento del ritmo de trabajo o las cargas de trabajo insoportables. Por supuesto, hay que luchar por los salarios, pero también hay que reivindicar el control de los trabajadores sobre estas empresas, la apertura de los libros de contabilidad y la requisa de los beneficios, más aún si estas empresas se alimentan de los mercados de la «defensa nacional». Estas reivindicaciones deben ir acompañadas en todos los casos de una denuncia general de la marcha hacia la guerra, afirmando que si los trabajadores no derrocan todo el sistema tomando el poder, sus hijos o ellos mismos serán llamados tarde o temprano al frente para defender los intereses de la clase dominante.

Sindicatos nacionalistas y militaristas

Oponer sistemáticamente los trabajadores frente a la patronal y al Estado no es la política de muchos sindicatos, en los que el militarismo y el nacionalismo se expresan plenamente en nombre del empleo. Así, en las plantas de ArianeGroup, mientras algunos sindicatos denuncian la marcha hacia la guerra y establecen un vínculo con el capitalismo en decadencia, otros se han sumado a la política militarista del Gobierno con el pretexto de oponerse a la destrucción de puestos de trabajo. Estos dirigentes sindicales escribían así en julio de 2021: «¿Lograremos el primer lanzamiento de Ariane y seguiremos teniendo las competencias necesarias para relanzar la producción en fase industrial cuando las necesidades de satélites militares franceses y europeos sean efectivas?». Al razonar desde el mismo punto de vista que la dirección de ArianeGroup y el Estado, quienes escribieron esta declaración se convierten en portavoces de las ideas de la burguesía entre las filas obreras.

Sophie Binet sigue la misma pendiente nacionalista. Para ella, los créditos militares deben servir ante todo para defender la industria europea y nacional. «No es posible [...] aumentar los créditos militares para financiar la industria estadounidense», declaró, «no se nos puede hablar mañana, tarde y noche de economía de guerra y dejar morir nuestra industria»⁹.

El director de Dassault cuenta con el apoyo de la dirección del sindicato CGT de la fábrica de Cergy, en Val-d'Oise. En un folleto del 28 de enero, esta dirección repite los argumentos del jefe: «Comprar un Rafale es mantener la soberanía» y «Si el Rafale existe hoy en día, es porque los representantes electos de la CGT defendieron la idea de un avión franco-francés en todas las instancias políticas a principios de los años 80».

En Thales, la dirección de la CGT se unió a otras direcciones sindicales para reprochar a la dirección de la empresa su falta de inversión, alegando que «no permitiría a Thales participar adecuadamente en el esfuerzo que requeriría una posible entrada en economía de guerra». Durante el reciente conflicto salarial de 14 semanas en la fábrica de Thales Mérignac, una parte de los sindicalistas difundió el veneno chovinista y militarista argumentando que los huelguistas querían «su parte del pastel» y que «el esfuerzo bélico no debe servir solo para enriquecer a los accionistas». En la misma línea, militantes de la CGT y del PCF argumentaron que los empleados de Thales debían recibir un aumento porque son «esenciales» para ¡la defensa y el rearme! El PCF preconizó que el Estado aumentara su participación en el capital de Thales, es decir, una nacionalización. Sin embargo, fue precisamente cuando la empresa estaba nacionalizada, entre 1982 y 1998, antes de ser vendida a Dassault, cuando se sucedieron las reestructuraciones y los recortes de empleo.

Los sentimientos antibélicos de los militantes de base

En las empresas, la perspectiva defendida por Sophie Binet es poner «la industria armamentística bajo control democrático y público». En cuanto a quién controlaría este polo público, Ensemble responde que es «el Parlamento» el que debe establecer «un control estricto de la producción y comercialización de armas». Por lo tanto, el Estado no sería el instrumento de la clase capitalista, sino que se presenta a los trabajadores y militantes como un organismo por encima de las clases sociales, sobre el que podrían ejercer presión, o incluso a través del cual podrían hacer valer sus intereses, mediante el juego democrático. Es encadenarlos a aquellos que los enviarán al frente.

Los militantes que pertenecen a la CGT y también al PCF hacen campaña dentro de la Confederación sobre el tema «paz y desarme». Son capaces de decir, con Anatole France, «Creemos que morimos por la patria; morimos por los industriales», de denunciar el aumento de los presupuestos militares, pero de concluir con la necesidad de la «defensa nacional». Estos militantes encierran así a los trabajadores en este dilema —más dinero para «defender la nación» o menos dinero con el desarme— porque son incapaces de posicionarse en términos de lucha de clases.

Muchos trabajadores sienten confusamente que el aumento de los presupuestos militares significa un futuro de guerra. Muchos militantes establecen un vínculo entre estos presupuestos que aumentan y la actualidad de la guerra. La legitimación de la «defensa nacional» en nombre de la paz es un argumento con el que la dirección de la CGT prepara a los trabajadores para que sigan al gobierno en la guerra de mañana. Como sabemos, las guerras, incluso las guerras imperialistas, siempre se presentan como guerras de «defensa nacional».

En cuanto a la reivindicación del desarme, puede encontrar eco entre los militantes y los trabajadores inquietos, pero no resuelve nada. Es otra forma de mantener la ilusión de la posibilidad de un mundo capitalista sin guerras, cuando el militarismo es indisociable del capitalismo. El problema no son las armas en sí mismas, sino quienes las controlan y con qué objetivos. Una paz verdadera es impensable sin el derrocamiento de la burguesía y sus Estados, y tal derrocamiento es imposible sin el armamento del proletariado y la conquista revolucionaria del poder por parte de la clase obrera, comenzando por los países más ricos del planeta.

Otros militantes preocupados por el avance hacia la guerra defienden la idea de que hay que reconvertir las empresas armamentísticas en actividades civiles. Pueden retomar la política industrial de la CGT afirmando, muy raramente, que hay que duplicar las actividades militares de NavalGroup con una actividad civil de desmantelamiento de buques al final de su vida útil, o bien utilizar la tecnología avanzada de Thales para el sector médico. Sin discutir el funcionamiento del sistema en su conjunto, la naturaleza de clase del Estado, se vuelve así a caer en las mismas ilusiones de una sociedad capitalista compatible con la paz.

Lo mismo ocurre con la oposición al aumento de los presupuestos militares. Esta oposición es, por supuesto, legítima. Pero debe llevarse hasta el final, es decir, explicar que su aumento no es el resultado de una mala política, sino de un capitalismo en crisis que los trabajadores deben derrocar. En su folleto Guerre à la guerre¹⁰ (Guerra a la guerra), la Unión Departamental de Val-de-Marne critica la política de los dirigentes de la CGT, establece un vínculo entre capitalismo y guerra, y denuncia el imperialismo estadounidense e incluso francés. Pero, aunque afirma que la CGT debe reanudar con su pasado revolucionario, fecha el « debilitamiento del apego de la CGT a su tradición antimilitarista y antiimperialista » en solo « una veintena de años », es decir, desde la pérdida de influencia del PCF sobre la CGT. No asocia la palabra «revolucionario» con ningún contenido de clase, y mucho menos con el poder de los trabajadores. Más en la tradición estalinista que en la de Monatte y Rosmer, destaca en sus carteles una perspectiva nacional y reformista: «Ni guerra, ni austeridad, desvinculemos a nuestro país de las guerras imperialistas», dice, como si eso fuera posible sin que los trabajadores derroquen al capitalismo.

La expresión de la desconfianza hacia el imperialismo

En nombre de la «defensa nacional» y de su política industrial, y cuando aún nos encontramos en los inicios de esta fase de rearme, los dirigentes de la CGT ya se han sumado a la política militarista del Estado. Los trabajadores y militantes de la CGT que sienten que el aumento de los presupuestos militares prepara la guerra de mañana, que piensan que, mientras ellos se agotan fabricando armas, sus hijos, si no ellos mismos, serán llamados a morir en los campos de batalla, no encontrarán apoyo por parte de la confederación o de las federaciones del sindicato para oponerse a la marcha hacia la guerra. Por el contrario, se enfrentarán al aparato sindical, que ya se está preparando para una nueva política industrial, esta vez militar.

En boca de los dirigentes sindicales de la confederación, el pacifismo es una tapadera del imperialismo. En cambio, como dice Trotsky, el pacifismo de los trabajadores y militantes de base es una reacción legítima, «la expresión confusa de la desconfianza hacia el imperialismo»¹¹. Esta reacción debe ser un paso hacia la conciencia de que la sociedad capitalista lleva a la humanidad a la guerra y que solo los trabajadores, tomando el poder y derrocando el sistema en su conjunto, pueden acabar con las guerras. Reimplantar esa conciencia solo puede ser obra de militantes comunistas revolucionarios.

8 de septiembre de 2025